El Gobierno que preside Dina Boluarte prorrogó la vigencia de la inmovilización social obligatoria, o toque de queda, en el departamento de Puno por 10 días calendario, a partir del miércoles 25 de enero, debido la escalada de las protestas antigubernamentales en la región, donde continúan los actos de violencia y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas.
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El Decreto Supremo 013-2023-PCM, publicado hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y complementario al estado de emergencia, precisa que todas las personas deberán permanecer en su domicilio desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.
Durante esas horas las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
Durante la inmovilización se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, delivery, restaurantes y hoteles, asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.
También se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo con la norma.
Se dispone que el personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el periodo de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su documento nacional de identidad para fines de identificación.
La autorización es extensiva para las unidades móviles que transporten a los hombres de prensa para el cumplimiento de su función.
De igual modo, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, así como para la adquisición de medicamentos.
Ante los violentos ataques que radicales perpetran a diario contra locales del Gobierno y privados, contra comisarías y policías, el Gobierno finalmente envió un fuerte contingente de soldados del Ejército a Puno para restablecer el orden.
La tarde de ayer, en la carretera Moquegua-Puno, numerosos militares se desplazaban con dirección a la región sureña, donde se han registrado la mayor cantidad de ataques a comisarías e instituciones públicas.
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Los soldados llegaron a Puno para proteger las oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, reforzar la protección de las comisarías y apoyar de forma más efectiva a la Policía Nacional en salvaguarda de la seguridad.
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