Pide que se fortalezcan las medidas para luchar contra el avance de los delitos ambientales en el Perú

Los atentados contra el medio ambiente que se producen en distintas parte del país, así como el fallecimiento de 11 líderes indígenas de la Amazonía peruana (entre el 2013-2020) ha hecho que el Programa de Derechos y Justicia Ambiental de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) solicite fortalecer las medidas para luchar contra este tipo de delitos ambientales.

Los responsables de estos asesinatos serían, presuntamente, personas vinculadas con la realización de actividades ilícitas como la minería ilegal y la tala ilegal, motivo por el cual se tiene que proteger los bosques y la biodiversidad que conforman parte de la Amazonía y a quienes la defienden, según lo indicó Iris Olivera, coordinadora del Programa DAR.

Así lo expuso durante la conferencia desarrollada en el marco del Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, denominada “Delitos ambientales y su impacto con los compromisos climáticos y derechos humanos”.

Olivera sostuvo que para enfrentar los delitos ambientales y asegurar la protección efectiva de las personas defensoras de la tierra, el ambiente y los derechos indígenas se requiere articular las acciones del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

Resaltó que delitos como la minería ilegal y tala ilegal se encuentran asociados, ya que el primero no puede realizarse sin que previamente se haya hecho el retiro de la cobertura boscosa o forestal.

“Además estos actos ilícitos conllevan a la realización de otros delitos como la trata de personas, organización criminal, lavado de activos, entre otros”, anotó.

Por su parte, Francisco Távara Córdova, aseguró que los delitos ambientales se han convertido en un fenómeno global y que no pueden ser ignorados.

“Este creciente conjunto de actividades nefastas, como la minería ilegal, la caza furtiva, la pesca ilegal, el comercio ilícito de madera, entre otras actividades, contravienen los derechos ambientales y vulneran los derechos humanos”, sentenció.

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