La Defensoría del Pueblo cuestionó las acciones del Gobierno que constituyen “limitaciones a los derechos a la libertad de prensa e información”, por lo que instó a cesarlas y permitir que los medios de comunicación accedan a las actividades oficiales del presidente César Castillo y de las autoridades del Ejecutivos.
A través de un comunicado, la entidad que dirige Walter Gutiérrez recordó que el Ejecutivo ha impedido el despliegue de los periodistas en varias actividades públicas, como la vacunación contra el COVID-19 del presidente Pedro Castillo.
Incluso, calificó de “grave” que hace unos días el presidente el Consejo de Ministros, Guido Bellido, le haya imputado a los medios de comunicación una “actitud obstruccionista”, y consideró como “discurso violentista” lo expresado por el parlamentario Guillermo Bermejo contra los periodistas que cubrían una manifestación ciudadana
“Acciones tales como impedir la presencia de los medios de comunicación en los actos oficiales del Gobierno (juramentación del gabinete ministerial, transferencia de los cargos ministeriales, reconocimiento del presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú); obstaculizar el libre despliegue de la prensa para cubrir actividades públicas (vacunación del presidente); y que se desconozca plenamente la agenda del primer mandatario, constituyen actos que contravienen las obligaciones dirigidas a materializar los derechos antes mencionados”, indicó la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento.
“Igualmente grave es que las nuevas autoridades del Ejecutivo y, en concreto, el presidente del Consejo de Ministros desarrollen discursos contra los medios de comunicación. Imputarle a los medios una “actitud obstruccionista” no se condice con el perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno. En el mismo sentido, es contrario a la Constitución el discurso violentista expuesto por un parlamentario oficialista contra los periodistas que cubrían una manifestación ciudadana. Tal discurso, además de atentar contra la libertad de expresión, colocó en riego la vida e integridad de los hombres y mujeres de prensa allí presentes”, agregó.
Por ello, remarcó que resulta “indispensable” que los medios de comunicación puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación del Gobierno, ya que “son asuntos de elevado interés público”.
“Los hechos descritos constituyen un absoluto contrasentido para nuestro Estado constitucional, dado que es deber de todas las autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales. Las conductas descritas no solo son antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones flagrantes a la Constitución”, señaló la Defensoría del Pueblo.
