Tras la captura de Sergio Tarache, feminicida que acabó con la vida de la joven Katherine Gómez al rociarla de gasolina y prenderle fuego, los padres de la víctima han hecho esfuerzos por traerlo de Colombia a tierras peruanas para que responda a la justicia. Sin embargo, el proceso se ha visto interrumpido por las normas colombianas.
En ese sentido, Rosario Sasieta, exministra de la Mujer y abogada de la familia de la víctima, asegura que el trámite podría culminar antes de lo esperado y el asesino podría llegar incluso este mes al país.
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“La resolución de procedencia va al presidente de la Corte Suprema y este lo envía al Ministerio de Justicia. Hoy, 5 de mayo, debe haber llegado y la Comisión de Extradiciones preparará un informe. Con ello, el ministro de Justicia desarrolla una resolución suprema, que la pondría a consideración el próximo 10 de mayo. Los ministros deberán votar —esperemos que favorablemente—. Posteriormente, el 11 de mayo, estaría en El Peruano publicándose, va a Fiscalía, Cancillería y, finalmente, a Colombia”, explicó la abogada y también exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Sasieta menciona que si se siguen los pasos de forma rápida, el 15 de mayo el pedido de extradición llegaría al país vecino y, tras esto, corresponde al Estado colombiano continuar y hacer efectiva la solicitud.
Asimismo, la abogada explicó que en caso de que Tarache no llegue a Perú antes de los 90 días (periodo de prisión preventiva), el feminicida podría haber sido puesto en libertad.
“Debemos actuar con celeridad y mantener un diálogo continuo con las autoridades de Colombia. Este asesino debe venir a Perú a cumplir cadena perpetua”, enfatizó.
Extradición depende de Colombia
Finalmente, explicó que hasta el momento no se ha podido extraditar a Tarache a territorio nacional por las leyes del país donde fue capturado.
“Recordemos el caso del feminicida (Joran) van der Sloot. Él fue capturado en Chile y a los dos días fue enviado a Perú. Esto porque la norma de ese país así lo indica. En cambio, en Colombia, las leyes señalan que el infractor debe ser trasladado a su país de origen que, en este caso, es Venezuela. Lo cual no buscamos. Queremos que venga a Perú y que sea juzgado por nuestras autoridades”, explicó.
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