El último sábado de agosto, el penal de Cajamarca se convirtió en escenario de terror. Un grupo de internos del pabellón 5 se amotinó y tomó como rehenes a dos agentes de seguridad, desafiando a la autoridad y poniendo en riesgo la vida del personal penitenciario. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente: quince presos de alta peligrosidad fueron trasladados al penal de Challapalca, en Tacna, conocido por su régimen cerrado y condiciones extremas.
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La medida, dispuesta por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y ejecutada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, tuvo como objetivo principal imponer disciplina y cortar de raíz los actos ilícitos que, según las investigaciones, se estaban organizando desde dentro del penal cajamarquino.
Líderes de mafias fueron trasladados a penal de máxima seguridad.
El operativo fue de gran escala. Sesenta agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a 30 efectivos de la Oficina Regional Norte (Chiclayo) y 30 más de Lima, irrumpieron en el establecimiento penitenciario. En simultáneo, se realizó una requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7, donde se buscaban armas hechizas, celulares y otros objetos prohibidos.
LOS PESOS PESADOS
Entre los trasladados figuran nombres que generan escalofríos en el mapa criminal del país. Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, de Los Gatilleros del Callao; Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, de Los Boca Seca de Bellavista (cadena perpetua); Fernando Gary Jara Saona, de Los Malditos de Simón Bolívar; y Neil Armstrong Abad Mogollón, cabecilla de Los Pumas de Paita. Todos ellos con historial por extorsión, sicariato, secuestro, feminicidio agravado y robo violento.
También fueron enviados Carlos Daniel Nicolás Vera, Jhonatan Nicolás Vera, Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra. En la lista figura además un ciudadano venezolano, Pedro Antonio Guailculba Guailculba, investigado por graves delitos. La nómina revela que no se trata de simples delincuentes, sino de cabecillas con poder e influencia criminal.
La Resolución Directoral N.° 014-2025-INPE/DISEPE fue clara: la permanencia de estos internos en Cajamarca representaba “un latente, inminente y grave riesgo de seguridad” contra la población penitenciaria, el personal de resguardo y las comunicaciones del penal.
El director de Seguridad Penitenciaria, Alex Samamé Peña, explicó que la acción inmediata respondió a la gravedad del motín y a la necesidad de “imponer el principio de autoridad”. Dejar a los cabecillas en Cajamarca, sostuvo, hubiera significado permitir que sigan dirigiendo extorsiones y delitos desde la cárcel.
INPE anunció que no habrá tolerancia con pesos pesados en las cárceles. FOTOS: INPE
TOLERANCIA CERO
Por su parte, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, aseguró que no habrá tolerancia con los internos que pretendan desafiar al sistema. “Continuaremos con este tipo de acciones contra aquellos privados de libertad que vulneren la seguridad de los penales y afecten el principio de autoridad”, afirmó.
Los reos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad, con sus legajos personales, informes médicos, artículos básicos y la notificación individual respectiva. El viaje hacia Challapalca, la cárcel más temida del país, marcó el inicio de un encierro mucho más duro para los cabecillas que intentaron sembrar el caos en Cajamarca.
Con esta decisión, el Gobierno envía un mensaje claro: los penales no serán refugio de mafias ni centros de operaciones criminales. El principio de autoridad se mantiene en pie, y quienes intenten quebrarlo deberán enfrentarse a la dura soledad de Challapalca, a más de 4 mil metros de altura, donde el frío y el aislamiento se convierten en la celda más estricta del Perú.
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