Tras frustrarse la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno Central y miembros de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, prevista para este jueves 31 de marzo en Moquegua, el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, reiteró su pedido al Ejecutivo para que intervenga en la búsqueda de una solución al conflicto social que impide el acceso de la mina al agua.
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En su carta abierta, dirigida al presidente Pedro Castillo, al primer ministro Aníbal Torres y al titular de Energía y Minas Carlos Sabino, González Rocha señala que la mesa no se instaló debido a la negativa de un grupo de personas “que ha emprendido acciones de violencia en contra de Southern Perú, por lo que prosigue la agresión a nuestro personal, el daño a las instalaciones y la interrupción de las operaciones”.
Ante esta situación demanda “una solución política definitiva”.
“[...] señor presidente y señores ministros, con respeto y apego al Estado de Derecho, nos dirigimos a ustedes para reiterarles la necesidad de que, en ejercicio de sus atribuciones, hallen una solución política definitiva y apegada a la legalidad ante esta lamentable situación”, se lee en el documento.
El directivo también señala en su carta que más de 5 mil pobladores del campamento, entre trabajadores y familias, debieron haber recuperado ayer el suministro de agua, interrumpido hace más de un mes, en tanto que la vía férrea, que traslada la producción de la mina Cuajone, debió ser liberada para iniciar su reconstrucción.
Sobre los efectos económicos de esta situación, reiteró que el perjuicio se estima en 5 millones de dólares por día de exportaciones y en S/8.5 millones diarios por concepto de impuestos y regalías.
Agrega que la mina sigue trabajando para evitar declarar el cierre de la mina Cuajone, “lo cual será inevitable si no existen condiciones de gobernabilidad que protejan a los trabajadores, a sus familias y a las comunidades, además de que garanticen la certidumbre jurídica necesaria para poder realizar inversiones y operar con normalidad”.
También expresa que la mina tiene la más amplia voluntad para dialogar “con respeto y apego al orden jurídico”.
En la víspera el primer ministro Aníbal Torres envió una carta a Dionilde Flores Calizaya, presidenta de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, a fin de comunicarle que “queda suspendido la instalación de la Mesa de Trabajo programada para el 31 de marzo, hasta que existan las condiciones sociales necesarias, máxime si las medidas de fuerza que vienen ejerciendo se encuentran fuera del marco de la ley”.
Torres también exhorta nuevamente a Flores “a continuar con el diálogo en beneficio de la región de Moquegua”.
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