Luego de una serie de manifestaciones y tomas de carreteras, el Ministerio del Interior ha tomado medidas drásticas frente a los capturados. Muchos manifestantes, quienes exigían la salida de Dina Boluarte, el Congreso y el cambio de Constitución, cometieron actos vandálicos y han sido acusados por delito de entorpecimiento. Hoy, enfrentan una sentencia de más de 3 años.
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Según el portal de El Peruano, gracias a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter) se ha logrado sentenciar a un total de 27 personas.
“En el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, esta procuraduría logró que el Poder Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos”, se lee en el Peruano.
Estas personas fueron identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligadas a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los 50 000 soles.
En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.
Igualmente, la entidad adscrita al Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva, entre uno y 18 meses, mientras son investigados.
Las investigaciones que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
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