La restricción del libre tránsito debido al estado de emergencia dispuesto por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus no fue un impedimento para que un policía y su cómplice realicen el cobro de una coima de S/7 mil que pidieron a los familiares de un detenido investigado por delito de tráfico ilícito de drogas para supuestamente dejarlo en libertad en la región Junín. El custodio fue capturado por la Policía en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central.
Se trata del suboficial PNP Jorge Carlos Huamán Castro, quien presta servicios en la División de Operaciones Especiales Antidrogas y su presunta cómplice, Corali Salustia Dolorier Escobar. Ambos fueron detenidos el martes último en los distritos de Mazamari y Satipo, respectivamente.
Según informó la Policía, el Huamán Castro contactó al padre del investigado el 12 de marzo en una reunión y le planteó ayudar a su hijo asegurando que conocía a las autoridades que tenían a cargo el caso. El agente antidrogas pidió la suma de S/7 mil a esta persona para que su familiar recuperara su libertad.
El padre del detenido denunció el hecho en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central y así el fiscal provincial anticorrupción de turno, Juan Cadillo Rosario, puso en marcha el operativo para la captura.
Fue Coralí Dolorier quien citó al denunciante en el terminal de Satipo, luego lo condujo a un parque donde se consumó la entrega del dinero. Ella emprendió su huida a bordo de una moto pero fue capturada por los agentes. En su cartera se halló el sobre manila con los billetes previamente fotocopiados.
Asimismo, durante su detención se constató una insistente llamada a su celular la cual, a pesar de figurar bajo otro nombre, provenía del teléfono del efectivo policial quien posteriormente fue arrestado.
Frente a los elementos que evidencian la ilícita solicitud de dinero, la fiscalía sustentará hoy el pedido de proceso inmediato contra ambos imputados por el delito de tráfico de influencias, bajo la medida de prisión preventiva.
Respecto a este tipo de operativos en flagrancia realizados en medio del estado de emergencia, el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello Rosales, precisó que hay un total de 152 fiscales anticorrupción a nivel nacional, así como personal administrativo de dicho subsistema, que vienen cumpliendo turnos rotativos para atender los casos que ameriten la detención de funcionarios que cometan actos ilícitos.
Asimismo aseguró que dicho personal seguirá en alerta y con disponibilidad inmediata ante cualquier hecho relevante de corrupción, tal como lo dispuso la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera para los servicios más esenciales que debe brindar el Ministerio Público en la actual emergencia nacional por el Covid-19.
