El titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra 10 de los 15 detenidos, integrantes de la denominada banda “Los Crueles de la Palma” que torturaban con descargas eléctricas a sus clientes que no les pagaban el préstamo otorgando por dicha banda delictiva.
La audiencia se desarrolló en varias sesiones desde el 6 hasta 11 de enero, donde el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, a cargo del fiscal provincial, Percy Samir Palomino Cruz, en compañía del fiscal adjunto Edinson Cervantes Guerrero, sustentaron el requerimiento de prisión preventiva utilizando medios tecnológicos y plataformas virtuales.
La medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses a 10 de los 15 fue impuesta a Aldo Gustavo Lloclla Jáuregui, Matilde Magdalena Tomayquispe Jáuregui, Andrea Anaís Huamán Choque, Rosario Corola Gonzáles Ramos, Marco Antonio Lloclla Jáuregui, Nilton Yuri Gonzáles Ramos, Pedro Antonio Chacaltana Carrizales, Charles Anderson Carhuayo Arotinco, Jesús Vidal Álvarez Barrios y Alexi Agustín Farfán Huamán.
Mientras que a los detenidos Nilda Yeren Palomino, Consorcia Jáuregui de Tomayquispe, Aracelli Herminia Ormeño García, Jean Pierre Lloclla Almanza y Robert Alexander Hernández De la Rosa, se les dictó comparecencia con restricciones, lo cual fue apelado por el Ministerio Público.
Hasta el momento no se señala fecha de audiencia de prisión preventiva para los no habidos Gustavo Adolfo Lloclla Jáuregui, Kevin Jonathan Cárdenas Ormeño, Luis Ángel Choque Palomino, Yeison Nilton Taquiri García y Carlos Jesús Herrera Vega.
ASÍ OPERABAN
Según las investigaciones policiales, ellos operaban bajo la modalidad de los créditos “gota a gota”, ofreciendo dinero rápido, sin garantías ni avales y en devolver el préstamo en cuotas muy pequeñas, pero con intereses altísimos.
Para ganarse la confianza de sus víctimas, ofrecía prestamos desde 500 soles a 2,000 soles con tasas de pagos de 20 y 30 soles diarios y se les entregaba una tarjeta de cartulina denominada “Control de pago diario”, donde se registraban los pagos conforme al calendario fijado.
Pero una vez realizado el préstamo, la banda criminal modificaba y alteraba arbitrariamente los montos de pago para luego obligarlos a asumir otras deudas de crédito hasta convertirlos en “esclavos financieros”.
Si las víctimas se demoraban en pagar eran llevados contra su voluntad a uno de los inmuebles de la organización criminal, donde los amarraban de manos y pies en una silla y los torturaban con descargas eléctricas. Algunos agraviados terminaron hospitalizados por la gravedad de sus lesiones.
Estas personas estarían implicadas en los presuntos delitos contra la tranquilidad y la paz pública como el marcaje y reglaje, contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves), contra la Libertad (secuestro), contra el patrimonio (hurto, receptación y robo agravado, extorsión), contra la seguridad pública, peligro común por el uso y tenencia ilegal de armas de fuego y contra la confianza y la buena fe en los negocios (usura) y otros.
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