Gobernador de Ayacucho: “Hasta ahora ningún gobierno ha podido solucionar los problemas del Vraem”

El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, expresó hoy su profundo rechazo al asesinato de 16 personas en el centro poblado San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, en Junín, cometido el último domingo por miembros de Sendero Luminoso, según informaron la Policía y Fuerzas Armadas.

Rúa también exigió “una profunda investigación” que permita tener información más exacta sobre este condenable hecho, a fin de sancionar a los responsables. “Estamos muy preocupados porque Vizcatán del Ene esta en Junín, que colinda con Ayacucho, y es parte del Vraem. Es un territorio muy importante, donde hasta ahora ningún gobierno ha podido solucionar los problemas que hay”.

También comentó en entrevista a RPP que a diferencia del contexto de las décadas de los 80 y 90, cuando la población y los comités de autodefensa combatieron el terrorismo, “lo que hoy ocurre es una situación lamentablemente confusa”, y corresponderá a las autoridades competentes dar con los responsables.

Necesidades desatendidas

Anoche en declaraciones a TV Perú, la autoridad regional, que actualmente preside la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señaló que corresponderá a las autoridades del centro poblado de San Miguel del Ene hablar de sus necesidades; sin embargo, indicó que se trata de un territorio “que hasta ahora no ha sido atendido con vías de comunicación”.

Según dijo, hace una semana cursó una invitación a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori para hablar del tema de la descentralización. “Los gobiernos de turno se han olvidado de este territorio, no podemos permitir que hasta la fecha el Estado no termine la carretera Quinua-San Francisco, una obra importante, y en el caso de San Miguel del Ene está pendiente el puente Unión Mantaro en Vizcatán del Ene”, insistió.

Respecto a la realización de la segunda vuelta electoral, mencionó que ha sostenido reuniones con los fiscales de la zona del Vraem, funcionarios de la ONPE, y autoridades locales, policiales y militares, a fin de prevenir que ocurran situaciones de violencia.