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En lo que va del estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID-19, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) ha recibido 1893 denuncias que involucra a 19 de los 25 gobernadores regionales.
En el Día Internacional Contra la Corrupción, el fiscal superior coordinador de las FECOF, Omar Tello Rosales, señaló que esta cifra refleja una lamentable situación que, de ser acreditada en el proceso, comprobaría un enorme perjuicio al Estado.
Según este balance, los gobernadores con mayor número de investigaciones son de las regiones de Loreto con 16 denuncias; Áncash con 14; y Lima con 10 investigaciones.
“Una de las graves características de la corrupción es que se produce aprovechando los momentos de crisis. Muestra de ello son las 1893 denuncias que, durante estado de emergencia sanitaria, del 16 de marzo hasta el 31 de octubre pasado, hemos recibido a nivel nacional”, precisó el representante del Ministerio Público.
Precisó que, de las denuncias recibidas, durante este período, por las 41 fiscalías especializadas a nivel nacional, 685 corresponden a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares, 279 por similares hechos en la compra de equipos de protección y limpieza contra el COVID-19 y 52 vinculados a la compra de equipos médicos.
OTRAS INSTITUCIONES
Asimismo, agregó que las instituciones que se han visto más afectadas son los municipios con 1074 denuncias, el sector Salud con 129 denuncias, los gobiernos regionales con 108 denuncias y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con 44 denuncias.
El fiscal Omar Tello recordó que, durante estos meses, como parte de esta lucha frontal contra la corrupción, se han realizado 1749 operativos de prevención y 38 mega operativos conjuntos, con el apoyo de las dependencias especializadas de la Policía Nacional.
Según este análisis, los delitos de mayor incidencia son los de negociación incompatible, colusión y peculado; los cuales están directamente vinculados a los presuntos actos ilícitos de direccionamiento y sobrevaloración durante los procesos de contratación para obras públicas y adquisición de bienes y servicios en algunas entidades públicas.
