Según el MINSA, en lo que va del 2021 (hasta el 15 de marzo), se han registrado 115 partos de niñas menores de 14 años (3 partos en niñas menores de 10 años) y 6326 en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. En este periodo se han registrado 5 partos de niñas menores de 15 años en el Cusco, mientras que en Ucayali 17.
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Ante esta problemática, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán presentó el último viernes los resultados del estudio ´Nuestras voces sí importan: Historias detrás de los embarazos forzados´, una investigación realizada en las regiones de Cusco y Ucayali con el apoyo de Farmamundi y de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, en el marco del proyecto Mujeres amazónicas adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derecho sexuales y reproductivos (DDSSRR) fortalecen el diálogo intercultural participando en las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente y violencia sexual en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, Perú.
El evento, que fue transmitido a través de la plataforma Zoom de Flora Tristán, tuvo por finalidad compartir los hallazgos del estudio sobre el embarazo asociado a la violencia sexual en esas regiones e incidió en la necesidad de garantizar la debida implementación del protocolo de aborto terapéutico, el acceso al kit de emergencia para casos de violencia sexual y abogar a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual.
Cabe destacar que esta investigación focalizada en las mencionadas zonas se concentró en analizar las experiencias de adolescentes mujeres menores de 17 años que quedaron embarazadas producto de violencia sexual, tomando en cuenta su contexto socio-cultural.
El estudio concluye que en la región Ucayali, tanto los casos de la zonas urbana, rural e indígena corresponden a casos de familias pobres o extremadamente pobres, que no cuentan con servicios básicos (salud, comisaría, Centro de Emergencia para la violencia contra las mujeres, etc.). En Cusco, los casos presentados corresponden a comunidades rurales donde la mayoría de habitantes de esas comunidades se dedican a la agricultura y el pastoreo. Se trata de comunidades quechua hablantes en situación de pobreza y pobreza extrema.
Para la directora de Flora Tristán, Liz Meléndez, estas cifras traducen lo poco efectivas que han sido las políticas públicas para la prevención de los embarazos forzados, no deseados.
“No podemos admitir que, en una sociedad justa, las niñas sean obligadas a culminar embarazos producto de la violencia sexual. Eso es un trato cruel e inhumano que debe erradicarse”, acotó.
Por otro lado, sostuvo que esto se debe a la inexistente mirada interseccional de la problemática de la violencia basada en género, es decir se tiene que reconocer las múltiples condiciones de opresión que recaen sobre los cuerpos de las mujeres para que las políticas públicas sí tengan un abordaje integral de la situación y se pueda revertir desde las causas estructurales de las violencias.
“A puertas de las elecciones, es una cuestión ética que todos los partidos políticos postulantes incluyan en sus planes de gobierno la violencia basada en género y los derechos sexuales y reproductivos como ejes prioritarios”, afirmó.
