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La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Silvia Cáceda Román, abrió investigación preliminar por el presunto delito de contaminación ambiental contra la empresa Wari Service y los que resulten responsables por el derrame de más de 30 toneladas de zinc en el río Chillón, a la altura de la localidad de Canta, el pasado 13 de junio.
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Según el Ministerio Público, la fiscal provincial adjunta designada para el caso, Wendy Victoria Llerena Morales, señaló que el 14 de junio se realizó en el km 24.70 de la carretera Canta – Huallay la constatación del hecho, ocurrido a consecuencia de la volcadura del vehículo que transportaba el concentrado de zinc.
La magistrada verificó la magnitud del derrame junto con los peritos forenses en material ambiental del Ministerio Público y los representantes de la autoridad local del agua Chillón – Rímac – Lurín. Los funcionarios efectuaron el recojo de las muestras respectivas.
Asimismo, la fiscal señaló que, según lo referido por el jefe de seguridad de operaciones de la empresa Wari Service, el vehículo transportaba 35 toneladas de concentrado de zinc, información que deberá ser corroborada en el transcurso de la investigación.
Finalmente, detalló que continuarán con las diligencias preliminares, tales como recabar las declaraciones del conductor del vehículo accidentado y de los representantes de la empresa, el resultado de los análisis de laboratorio y los informes técnicos correspondientes, a fin de esclarecer los hechos.
Pérdidas por derrame de zinc
Tras el derrame de concentrado de zinc en el río Chillón, ocurrido en el kilómetro 24,70 de la carretera Canta-Huayllay-Cerro de Pasco, el pasado 13 de junio, piscicultores de la Comunidad Campesina San Felipe de Cullhuay estiman pérdidas de al menos S/100 mil y S/150 mil en truchas.
La empresa minera Volcan, propietaria de las más de 30 toneladas de zinc que cayeron al río Chillón, a la altura de Canta, tras la volcadura de un camión, indicó que coordina con los propietarios de las piscigranjas para el otorgamiento de una “compensación económica” por producción de trucha perdida debido al derrame.
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