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La Defensoría del Pueblo del Pueblo informó que un total de 411 municipalidades no han ejecutado el presupuesto para la adquisición de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar para hogares vulnerables dispuesta por el Gobierno durante el estado de emergencia nacional decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.
La institución señaló que la información fue revelada por el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual muestra que dichos municipios pertenecen a los departamentos de Lima, Callao, Lambayeque, Loreto, Piura, La Libertad, Áncash, Cusco, Arequipa, Ica, Tumbes y Junín.
En el caso de Lima Metropolitana, los gobiernos locales que no han ejecutado el gasto para la adquisición y distribución de la canasta básica familiar son de Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Carabayllo. Mientras que en la Provincia Constitucional del Callao figuran Callao Cercado y Ventanilla.
El monto utilizado por las municipalidades en las 12 regiones con mayor nivel de casos confirmados de coronavirus representa solo el 37% del total recibido, lo que equivale a S/45 millones de S/121 millones, con lo cual, S/76 millones no han sido ejecutados al 17 de abril de 2020, esto es, 33 días después de iniciada la cuarentena.
Además, la Defensoría informó que los 856 gobiernos locales evaluados recibieron recursos por el monto de S/121′300,000 de los cuales se efectuaron la certificación presupuestal por el monto de S/118′814,049 lo cual significa que la diferencia S/2′485,951 no podrá ser comprometida para la adquisición de bienes de primera necesidad por 20 gobiernos locales que todavía no han realizado la certificación.
En esa línea, la institución hizo un llamado a los gobiernos locales a ejecutar con celeridad y de manera efectiva y transparente el presupuesto transferido. Es responsabilidad de los alcaldes hacer un uso eficiente de los recursos, garantizando la entrega oportuna de los bienes de primera necesidad a la población vulnerable.
