Mediante un pronunciamiento, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) recomienda al Gobierno central ampliar el estado de emergencia nacional hasta el plazo que señalen los expertos, teniendo en cuenta la situación de las regiones más afectadas por el coronavirus y también demanda al Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), certifique de manera inmediata a los laboratorios regionales, a fin de procesar las muestras tomadas en cada región, dotándolas de los insumos necesarios.
La ANGR reitera su exhortación a la ciudadanía para que se quede en casa, siguiendo las disposiciones dadas por la Presidencia de la República, los gobiernos regionales y locales.
Asimismo, solicita al presidente de la República, Martín Vizcarra, disponga mecanismos de articulación permanente entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales representados por la ANGR.
En el documento indica que los gobiernos regionales necesitan que el Gobierno disponga de medidas urgentes, como que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) genere el marco normativo presupuestal para que las regiones cuenten con mayores recursos.
Así, pide autorizar demandas adicionales, "de lo contrario, autorizar modificaciones presupuestarias para liberar partidas ya establecidas, así como el uso del 25 % de canon minero para habilitar partidas que financien equipos, medicina e indumentaria".
También requiere al Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud (Minsa), dotar a los gobiernos regionales de ventiladores mecánicos y equipos para las unidades de cuidados intensivos (UCI), de manera urgente. Además, dictar medidas que eviten la renuncia masiva de los profesionales de salud en las regiones.
Asimismo, insta al Minsa a adquirir un millón de pruebas moleculares, que no le irrogará —señala la ANGR— más de 200 millones al presupuesto público y que significará salvar cuantiosas vidas
En otro punto del pronunciamiento, la ANGR pide al Ejecutivo, que a través de los ministerios de la Mujer y Desarrollo e Inclusión Social, disponga el apoyo alimentario a la población vulnerable, así como para los albergues temporales que los gobiernos regionales han instalado en sus jurisdicciones para atender a la población que vive en las calles.
Por último, los gobernadores inciden en que la lucha debe ser conjunta y estar dirigida a mitigar los efectos de la pandemia.