La Contraloría General de la República realizó una inspección a 31 penales de los 68 que existen a nivel nacional y se detectó que 20 penales del país no cuentan con equipos médicos e implementos de bioseguridad en sus ambientes de salud para atender los casos por COVID-19 entre los internos y afrontar la expansión de la enfermedad.
El órgano de control desplegó a 155 auditores como parte del plan “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”.
En total, se emitieron 93 informes de control que consignan 306 situaciones adversas, de las cuales el 52% (157) están relacionadas a gestión sanitaria al interior de los penales, 27% (84) a la gestión de residuos sólidos y 21% (65) a la implementación de medidas de bioseguridad.
La mayor cantidad de situaciones adversas se registraron en los penales de Lima y Callao con 60, seguido de 25 situaciones adversas detectadas en penales de Puno, San Martín con 20, Lambayeque con 17, Arequipa con 15, Junín y Huancavelica con 14 cada una, Ica con 12, Tumbes y Cusco con 11 cada uno, y Piura, La Libertad y Ayacucho con diez cada uno.
SIN EQUIPOS NI MEDICINAS
Del total de hechos identificados en materia de gestión sanitaria se pudo verificar que 21 penales tienen sus respectivos establecimientos de salud sin equipamiento médico adecuado como coches de paro cardiaco, desfibriladores, entre otros, lo que genera el riesgo de afectar la calidad de la atención a la población penitenciaria.
Mientras que en otros que en otros 15 establecimientos penitenciarios había un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la población penitenciaria, incluido el COVID-19.
En otros dos establecimientos penitenciarios sus áreas de farmacia tenían medicamentos y/o mascarillas N95 vencidas, lo que genera el riesgo de propagación de la enfermedad.
También detectaron que dos penales mantenían balones de oxígeno medicinal a la intemperie y otros estaban en la sala de espera de atención médica. Otros 17 establecimientos no cuentan con ambulancias o no cumplen los requerimientos mínimos.
Asimismo, en nueve establecimientos de salud no se cumplen con los parámetros de separación o acondicionamiento del ambiente para el aislamiento de pacientes con COVID-19, lo que pone en riesgo la salud del personal y pacientes ante posibles contagios.
Y en tres establecimientos de salud de penales no cuentan con implementos de protección de bioseguridad tales como mascarillas N95, guantes, mandilones, entre otros.
MAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
En tanto, en ocho penales se detectó insuficiente personal para atención médico; en seis no se realizan actividades de salud ocupacional y salud ambiental, ni contaban con teléfonos fijos o móviles; y otros seis no tenían condiciones adecuadas para el acopio de residuos sólidos.
Y en 15 establecimientos penitenciarios existen el riesgo de afectación al medio ambiente y propagación de enfermedades al no cumplirse las condiciones adecuadas de almacenamiento de residuos sólidos.
En cinco establecimientos penitenciarios no se cuentan con implementos de seguridad y protección personal para los trabajadores a cargo de la recolección y transporte de los residuos sólidos, lo que pone en riesgo su salud.
En otros 25 establecimientos penitenciarios se genera el riesgo sanitario, ocupacional y ambiental, debido a la falta de un plan o diagnóstico de manejo o reducción de residuos biocontaminados; así como por la demora en recojo de esos residuos, ya que se efectúa en lapsos mayores a los establecidos.
En una cantidad similar de establecimientos penitenciarios no se realiza el registro de información en el Sistema para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol) y no cuentan con un responsable para dicha gestión.
RIESGO DE CONTAGIOS
De los 31 establecimientos penitenciarios visitados, se advirtió que en nueve de ellos se genera el riesgo de contagio y propagación de COVID-19 al recibir productos de bioseguridad que no cuentan con registro sanitario y/o sin cumplir las características técnicas mínimas requeridas.
Los informes emitidos como parte de la labor de control realizada por los auditores de la Contraloría fueron notificados a los directores de las Oficinas Regionales del INPE para que se adopten las acciones correctivas que correspondan.
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