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La Contraloría General de la República determinó un perjuicio económico de 40 millones 704 mil 710 soles como consecuencia de 210 hechos irregulares en diversas entidades públicas de Cajamarca durante el 2020, informó el contralor general, Nelson Shack.
En marzo del año pasado la Contraloría inició el mega operativo de control territorial en esta región a la gestión pública en beneficio de los ciudadanos, así como también reducir el impacto de la corrupción e inconducta funcional en los organismos públicos. Para ello, desplegó a más de 700 auditores para que intervengan en 227 entidades estatales.
Se determinó presunta responsabilidad en un total de 435 funcionarios y/o servidores públicos y se identificaron 885 responsabilidades, de las cuales 266 son de carácter penal, 167 civil y 452 administrativo.
Por lo pronto, el contralor general exhortó a los titulares de dichas entidades públicas intervenidas en Cajamarca, a que sancionen ejemplarmente, en el ámbito administrativo, a los funcionarios que fueron identificados con dicha responsabilidad.
“Lo peor que pueda pasar es que haya impunidad”, manifestó.
CASOS AUDITADOS
Entre los casos auditados figura la ampliación de plazo sin sustento técnico y legal que generó un perjuicio económico de S/ 8.1 millones en las obras del Hospital Santa María de Cutervo, como consecuencia del accionar de nueve funcionarios del Gobierno Regional Cajamarca que tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
Del mismo modo, se identificaron irregularidades en la adquisición de 60 mil pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19, debido a la contratación directa de una empresa que no acreditó los requisitos establecidos en el requerimiento para ser proveedor.
En este caso, cuatro servidores tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa. La empresa seleccionada entregó pruebas rápidas que no contaban con la validación del Instituto Nacional de Salud (INS), por lo que no eran aptas para el diagnóstico de coronavirus, entre otros casos.
A nivel provincial, destacó el caso de la transferencia injustificada de recursos a terceros que generó perjuicio económico por más de S/ 8 millones en la municipalidad distrital de Callayuc, en la provincia de Cutervo.
Del mismo modo, en la provincia de Jaén se identificó un perjuicio por S/ 1.3 millones por irregularidades en las obras de agua potable y alcantarillado a cargo de la municipalidad distrital de Pucará, debido a la aprobación de un expediente técnico con metas sobredimensionadas, partidas duplicadas y sin disponibilidad de terrenos.
En el proceso de selección se benefició al postor que no cumplió con requerimientos técnicos. Asimismo, el contratista cobró por metrajes no ejecutados y se omitió cobro de penalidades. Se determinó que cuatro personas tienen presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativa.
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