El transporte interprovincial podría paralizar sus operaciones si continúan los ataques extorsivos contra sus unidades. Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), advirtió que el gremio evalúa realizar un paro ante la creciente inseguridad en la Panamericana Norte, donde en la última semana y media se registraron seis atentados.
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La advertencia se conoció luego de que dos buses interprovinciales fueran atacados a balazos en distintos puntos de Lima. Una de las unidades pertenecía a la empresa Cruz del Norte y se dirigía a Trujillo. Durante su recorrido, recibió disparos que atravesaron el parabrisas y uno de los proyectiles rozó la cabeza del conductor.
Delincuentes tienen en la mira a las unidades interprovinciales y a los conductores, Foto: IA.
Casi al mismo tiempo, un bus de Cruz del Sur, que partía de Santa Anita rumbo a Huaraz, fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El conductor resultó herido por esquirlas de bala y los más de 30 pasajeros que viajaban en la unidad tuvieron que ser evacuados y trasladados a otro vehículo.
En diálogo con Latina, Ojeda señaló que al menos tres empresas del sector habrían recibido amenazas para entregar dinero a organizaciones criminales. Aunque evitó revelar los nombres de las compañías por seguridad, afirmó que la situación es cada vez más preocupante para conductores y pasajeros.
SEPA QUE:
El dirigente sostuvo que los ataques se concentran en tramos de la Panamericana Norte, como Fundición, Guandoy y Puente Piedra. Según explicó, grupos de sujetos en motocicleta disparan contra los buses y ponen en riesgo la vida de quienes viajan en ellos.
“Nos vamos a un paro de seguir con esta situación. Primero es la vida de los usuarios y de los conductores”, manifestó. Ojeda también pidió que las autoridades no solo capturen a los presuntos gatilleros, sino que investiguen y desarticulen a las organizaciones criminales que estarían detrás de los ataques y de las extorsiones.
El representante del gremio reclamó una mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad. Advirtió que, si se registra un nuevo atentado y no se logra frenar a las bandas responsables, las empresas podrían “apagar sus motores”.
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