El Ejecutivo declaró el estado de emergencia, por 60 días calendario, en 40 distritos de la región debido al desastre a consecuencia de la caída de huaicos y deslizamientos, provocados por las intensas lluvias. 

Esta medida permitirá la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Mediante un Decreto Supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se establece que la declaratoria de emergencia comprende a los distritos San Juan de Siguas, Tiabaya, Vitor, Mollebaya, Yura, Cerro Colorado, San Juan de Tarucani, Pocsi, Chiguata y Santa Isabel de Sihuas, provincia de Arequipa; los distritos Andaray, Cayarani, Yanaquihua, Chichas e Iray, provincia de Condesuyos.

Se suman las jurisdicciones de Tipan, Orcopampa, Chachas, Viraco, Machaguay, Andagua, Chilcaymarca, Uñom y Ayo, provincia Castilla; los distritos de Achoma, Sibayo y Tapay, provincia de Caylloma. También los distritos de Caraveli, Cahuacho y Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

Asimismo, los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel, Quilca y Ocoña; provincia de Camaná; las jurisdicciones de Puyca, Quechualla, Toro, Pampamarca, Tauria, Cotahuasi y Sayla, provincia de La Unión.

La norma dispone que el gobierno regional de Arequipa y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ejecutarán las medidas y acciones destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.

Estas acciones contarán con la participación de los Ministerios de Salud; Educación; Agricultura y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; Interior; Defensa; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social; Trabajo y Promoción del Empleo; Producción; Energía y Minas; y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Las intervenciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes, precisa el dispositivo legal.

La implementación de estas acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

El dispositivo lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo; y está refrendada por los titulares de los ministerios mencionados.

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