
¡Lo dejan adentro! La situación Adrián Alonso Villar Chirinos volvió a complicarse, después que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima declaró infundado el pedido de cesación de prisión preventiva presentado por su defensa, con el que buscaba llevar el proceso en libertad. El joven es investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.
La decisión de los magistrados se dio luego de una audiencia judicial que comenzó a las 8:10 de la mañana, en la que se analizaron los argumentos para que el investigado lleve el proceso en comparecencia.
Sin embargo, el juzgado desestimó el requerimiento y mantuvo vigente la medida coercitiva dictada contra el investigado, quien permanece privado de su libertad desde marzo.
Fiscalía solicita siete años y un mes de cárcel para Adrián Villar
Mientras se define su situación procesal, el Ministerio Público presentó un requerimiento de acusación en el que solicita imponer a Adrián Villar una pena de siete años y un mes de prisión. La Fiscalía le atribuye presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Además, plantea que se le imponga el pago de días multa por los hechos materia de investigación.

La agenda judicial también contempla otra audiencia, programada para la 1:00 de la tarde, en la que se analizará el pedido del Ministerio Público para ampliar la prisión preventiva de Villar durante la etapa intermedia del proceso. Esta solicitud busca que el investigado continúe bajo dicha medida mientras avanza el procedimiento judicial relacionado con la muerte de Lizeth Marzano.
Adrián Villar permanece detenido desde marzo
El caso continúa su curso en los tribunales, mientras la familia de Lizeth Marzano espera que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Villar permanece bajo prisión preventiva desde marzo 2026, cuando se dictaron nueve meses de esta medida en su contra. Con el rechazo de su pedido de cesación, seguirá privado de su libertad, mientras el Poder Judicial evalúa los siguientes requerimientos dentro del proceso.
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