EN APUROS. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho decidió abrir una investigación en contra del jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y del comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, por ser los presuntos autores mediatos de los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, por los supuestos asesinatos de al menos 10 personas en las manifestaciones que se vienen realizando en la región en contra del gobierno de Dina Boluarte.
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Según el documento difundido por el diario La República, la investigación por sesenta días a ambos generales está relacionada con las muerrtes de Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza Huarancca, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Edgar Prado Arango, Jhonathan Alarcón Galindo, Ronaldo Fernando Barra Leyva y el menor de edad de iniciales C.M.R.A.
La fiscal Karen Obregón Ubaldo, a cargo del caso, se basa en la información de los diferentes medios de comunicación y material difundido en redes sociales que muestra videos y fotos de las violentas protestas, donde se observa que efectivos del Ejército contaban con fusiles de largo alcance de fabricación israelí, además del conteo de al menos 10 víctimas mortales que recibieron impactos de arma de fuego por parte de agentes del orden uniformados.
“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en el interior de la pista de aterrizaje del aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte” de Ayacucho e inmediaciones del mismo, han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, dice el documento de la Fiscalía.
En cuanto a las denuncias interpuestas contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el exministro de Defensa, Luis Otárola y el exministro del Interior, César Cervantes, la fiscal Obregón derivó el caso al despacho de la Fiscal de la Nación.
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