El Ministerio Público decidió archivar la denuncia penal del caso de los dos jóvenes, Carlos Gabriel Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga, quienes fallecieron en diciembre del 2019 en el interior de uno de los locales de McDonald’s, situado en el distrito de Pueblo Libre, donde trabajaban.
“No ha lugar a formular denuncia penal contra José Carlos Andrade Roy, gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú SC, María Vanessa Pisfil Silca de Orihuela, Franklin Ramón Medina Huamán, por el presunto delito contra la libertad, violación de la libertad de trabajo (atentando contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo), en agravio de Carlos Campo y Alexandra Porras, y demás trabajadores de la referida sociedad comercial”, señaló el Ministerio Público.
De acuerdo con el documento del Ministerio Público, la familia de la víctima Alexandra Antonella Porras Inga, habría llegado a un acuerdo económico lo que habría limitado que la Fiscalía formalice la solicitud de una denuncia penal.
“Bajo los alcances del citado acto jurídico, las personas de Johanna Inga Argote y Ricardo Porras Urbizagastegui presentaron los escritos glosados, donde señalaron que a través de un acuerdo mutuo habían arribado a una transacción extrajudicial con Operaciones Arcos Dorados de Perú SAC, relacionada al suceso que originó esta investigación”, se lee en la resolución.
“Así, al haber satisfecho su interés patrimonial solicitan se prescinda de su participación en la investigación y el proceso penal, así como se abstengan de continuar notificándolos las diversas disposiciones y citaciones por las cuales se ordenan diligencias, ya que no participarán en ellas”, agrega.
Ante esto, el abogado de los padres de Alexandra Porras, José Ocampo, señaló que la decisión del Ministerio Público es “un mal precedente”, debido a que la familia aún no encuentra justicia.
“Las partes involucradas en un evento como ha pasado en McDonald’s, de manera independiente, pueden acordar una transacción, pero eso no implica que el fiscal renuncie a su labor y deberes constituciones que es de perseguir el delito, de buscar la verdad. Entonces ambas cosas van por cuerdas separadas, el fiscal debería llegar a una conclusión que estamos a un ilícito penal de McDonald’s. Lamentamos que hayan archivado a este extremo”, declaró en diálogo con Canal N.
“Estamos elaborando un recurso de queja para que esto sea elevado al fiscal superior y corrija esta aberrante resolución que crea un precedente nefasto. Nuestro llamado a la fiscal de la Nación y al Ministerio de la Mujer, porque acá se busca la verdad”, agregó.
Los dos jóvenes murieron el 15 de diciembre del 2019 dentro del local de McDonald’s, en Pueblo Libre, donde trabajaban. El caso aún es investigado por las autoridades y, según la primera información, fallecieron tras recibir una descarga eléctrica.
