En un esfuerzo conjunto para combatir el contrabando en Latinoamérica y proteger las economías regionales se realizó en Santa Cruz, Bolivia, el noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC) con la participación de líderes empresariales y funcionarios gubernamentales de quince países miembros. Por el Perú, participaron representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio de la Producción (Produce).
Durante el evento, realizado la primera semana de julio, se analizó la problemática del contrabando y el comercio ilícito de productos, su afectación a las economías formales y la relación de estos delitos con el crimen organizado transnacional. También hubo mesas de trabajo enfocadas en promover acciones concretas contra el comercio ilícito en distintos sectores como los de licores, textiles, cigarrillos, alimentos, entre otros.
“Nuestro país enfrenta un reto complejo. Debido a nuestra ubicación en la región, estamos expuestos a las organizaciones del crimen organizado dedicadas al contrabando; más aun considerando la próxima apertura del puerto de Chancay. Por ello, resulta prioritario poner el tema al contrabando y el comercio ilícito en la agenda, a fin de enfrentar esta problemática de manera conjunta entre sector privado y público”, señaló Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI.
Este evento contó con la participación del director general de la Policía Fiscal de Lima, general PNP Nilton Santos Villalta, quien señaló que por la frontera sur del Perú (Tacna y Puno), ingresa casi el 60% de todas las mercancías y productos ilícitos.
“Los cigarrillos y licores son los principales productos ilícitos que entran por la frontera sur, así como vehículos siniestrados, autopartes de vehículos, vestimenta, entre otros. Mientras que en la frontera norte, específicamente en la región Tumbes, está el contrabando de medicinas que es muy alto, así como el de combustible, petróleo y gasolina”, reveló.
Por su parte, Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y presidente de Diálogo Ciudadano, advirtió que el contrabando está vinculado a la generación del crimen organizado.
“Es una criminalidad que está asesinando a través de sicarios, y genera zozobra en la población. Hay que recordar que la percepción de inseguridad supera el 80% de la población, por lo que es importante analizar el rol que juegan estas economías ilegales en la generación de criminalidad organizada y en los daños que causa en la gobernabilidad, porque su poder corrosivo afecta y precariza a nuestras instituciones”, afirmó durante su ponencia.
Asimismo, enfatizó que el contrabando no se limita a circuitos nacionales o domésticos. Es un crimen transfronterizo que afecta a toda la región andina, “disparando una espiral de violencia y aumentando las tasas de homicidios”.
Frente a esa situación, Vargas consideró que es crucial escuchar las experiencias de los países latinoamericanos. “Fue muy importante escuchar al experto de Chile vincular el contrabando con el crimen organizado, y no tener ese concepto convencional de que el contrabando es simplemente eludir un control fronterizo”, explicó.
A su turno, Hugo Vila Gómez, Secretario Técnico de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción, resaltó la importancia de participar en ALAC 2024, ya que permite conocer las diferentes estrategias de los países para enfrentar el contrabando.
“Nosotros defendemos la industria formal y nacional que cumple sus obligaciones, tributarias, administrativas, laborales, y se enfrenta con una competencia desleal e injusta por toda la inversión que se realiza y por todo lo que el Estado deja de percibir en impuestos. En tal sentido, la presencia de Produce es importante y consideramos fundamental esta articulación que se realiza a nivel público y privado y regional”, manifestó.
