Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción y se convirtió en el cuarto expresidente peruano en ir a la cárcel. Sin embargo, la gran pregunta que marcó la jornada es una sola: ¿a qué penal será enviado para cumplir la sentencia?
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La sentencia, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, incluyó ejecución inmediata debido a que la pena supera los cinco años que el Código Penal establece para suspensiones. Además, se le impuso una inhabilitación de 9 años y una multa de S/ 94 900. El tribunal sostuvo que las pruebas acreditaron “con grado de certeza” que Vizcarra recibió S/ 2,3 millones en coimas durante su gestión como gobernador de Moquegua.
Martín Vizcarra cuando es escoltado por policías tras recibir condena de 14 años de prisión. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
El fallo también fijó una reparación civil de S/ 2.336.000 que deberá ser cubierta junto a los terceros civilmente responsables, como Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. La jueza Fernanda Ayasta enfatizó la gravedad de los hechos y el concurso real de delitos que lo llevaron a esta condena de 14 años.
Este escenario abría la interrogante sobre su traslado, tomando en cuenta sus antecedentes penitenciarios. Cuando estuvo bajo prisión preventiva, pasó por Barbadillo y por Ancón II, aunque en este último permaneció internado en el área médica y no en los pabellones comunes.
Finalmente, tras pasar unas horas en la carceleta del Poder Judicial, el expresidente fue trasladado al Penal de Barbadillo, donde ingresó pasadas las 9 de la noche de este miércoles 26 de noviembre.
EL DEBATE POR SU TRASLADO
Durante sus anteriores traslados, Vizcarra denunció públicamente lo que calificó como decisiones arbitrarias del Ejecutivo. “Simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal”, declaró ante el tribunal.
En ese momento, el entonces ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, había señalado que la “condición de exjefe del Estado” obligaba al INPE a reubicarlo en Barbadillo. Este penal, situado en Ate, cuenta con ambientes exclusivos para exmandatarios y medidas reforzadas de seguridad.
Mientras tanto, la sentencia dictada este jueves lo coloca junto a otros expresidentes que cumplieron prisión: Alberto Fujimori (sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado), Alejandro Toledo (condenado en 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos) y Ollanta Humala (sentenciado en abril de este año a 15 años de prisión por lavado de activos).
Vizcarra respondió en su cuenta de X calificando la decisión judicial como una “venganza”, asegurando que “la respuesta será en las urnas”, mensaje en el que mencionó a su hermano Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero.
UN DÍA CLAVE Y UN CASO QUE SE EXTIENDE
La Fiscalía había solicitado 15 años de cárcel y una reparación de S/ 4,6 millones. El Ministerio Público sostiene que Vizcarra recibió S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones de ICCGSA por el Hospital de Moquegua. Ambas empresas ingresaron en procesos de colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial a fines de 2024.
Antes de su condena, Vizcarra afrontó prisión preventiva en Barbadillo y Ancón II durante tres semanas entre agosto y setiembre. Posteriormente, la Tercera Sala Penal Nacional ordenó que continúe su proceso en libertad, pero ahora la ejecución inmediata lo devuelve al régimen penitenciario.
La sentencia también implica un nuevo impedimento para postular en las Elecciones Generales de 2026. El artículo 34 de la Constitución prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia por delito doloso. Incluso si la Corte IDH decidiera a su favor sobre otras inhabilitaciones, esta condena impediría su candidatura.
Además de este caso, Vizcarra tiene tres investigaciones adicionales por presunta corrupción, organización criminal, tráfico de influencias, colusión, cohecho y otros delitos relacionados con su gestión en la Presidencia y el MTC.
EL ASCENSO Y LA CAÍDA DEL EXPRESIDENTE
Vizcarra pasó de gobernador regional de Moquegua a primer vicepresidente, ministro y embajador, hasta finalmente asumir la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. Su gestión estuvo marcada por confrontaciones con el Congreso y reformas aprobadas mediante referéndum.
En 2019 disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. Sin embargo, en noviembre de 2020 fue vacado tras revelarse que el fiscal Germán Juárez Atoche le abrió una investigación por haber recibido dinero ilícito en los proyectos de Moquegua.
En 2021 fue el candidato más votado al Congreso, pero no llegó a asumir porque el Parlamento lo inhabilitó por el caso Vacunagate. Más tarde fue nuevamente inhabilitado por el caso Obrainsa y por la disolución del Congreso.
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