¡SE COMUNICÓ! El expresidente de la República, Martín Vizcarra, responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte de su traslado al penal Ancón II desde el penal de Barbadillo, donde venía cumpliendo cinco meses de prisión preventiva.
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El exmandatario considera este cambio de establecimiento penitenciario como una persecución política.
“Los profesionales del INPE, profesional calificado del INPE, manifestó que me correspondía el penal de Barbadillo, entonces desde el momento en que se toma otra decisión no es motivo de la junta, sino que es una decisión de carácter político y de persecución”, indicó en declaración con RPP Noticias.
“El INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo así vejado, trasladado”, agregó al exjefe de Estado.
Martín Vizcarra se pronuncia con RPP antes de su traslado al penal Ancón II.
Juntas del INPE lo visitaron
Según Vizcarra, a su llegada al penal de Barbadillo, fue visitado por una junta, quien determinó que debía permanecer en dicho establecimiento. Esto ocurrió el 20 de agosto.
Luego, una segunda junto lo visitó este miércoles, lo que le pareció raro que quieran calificarlo en menos de una semana.
“La misma junta, la segunda que estuvo el miércoles determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel”, añadió Vizcarra en comunicación telefónica con la radio.
Martín Vizcarra acusa al gobierno de Diana Boluarte de dejar el penal de Barbadillo para ser traslado al penal Ancón II.
A prisión
El juez de la Corte Superior Nacional, Jorge Chávez Tamariz, aceptó el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche y ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.
La acusación fiscal plantea una condena de 15 años de prisión por cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
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