El periodista de investigación, Miguel Ramírez, criticó que los exfiscales ‘lavajato’, José Domingo Pérez y Rafael Vela, cuentan con ocho efectivos policiales que les dan resguardo a ellos y a sus familiares durante las 24 horas del día, mientras la población está desprotegida por la ola criminal.
“En tiempos en que los peruanos necesitamos más efectivos policiales para que nos protejan de la imparable delincuencia y el crimen organizado, Pérez y Vela cuentan con ocho efectivos policiales. No es que la Policía les proporciona ese beneficio voluntariamente, sino que ello obedece al cumplimiento de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó en una nota para la revista Caretas.
Según fuentes de la División de Protección de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, el primero tiene cuatro agentes y Pérez con la misma cantidad.
En junio pasado, este último dejó de ser fiscal, pues la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no lo ratificó como tal, y Vela está suspendido de sus funciones.
Ramírez se contactó por teléfono con Pérez y este admitió tener ese resguardo policial. “Sí, cuento con seguridad de la Policía porque sufro amenazas de la persona que en este momento está ejerciendo la presidencia de la República”. Lo dijo, con desparpajo refiriéndose a Keiko Fujimori.
De modo desafiante, le dijo al periodista: “Ponga eso que le estoy diciendo. Lo estoy grabando”.
Al respecto, el senador y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que la medida de la CIDH no debió ser acatada. “He confirmado que tienen efectivos que los resguardan. Esto debe ser revisado por el actual Gobierno. El Estado peruano no tiene por qué estar acatando los mandatos de la CIDH, pero los gobiernos anteriores lo han estado haciendo. A ninguna de estas dos personas les corresponde seguridad policial. José Domingo Pérez ya no es fiscal, es un actor político, y Rafael Vela está suspendido de sus funciones”, señaló.
A su turno, el constitucionalista Víctor García Toma afirmó que “se trata de una medida exagerada. No hay ningún hecho o razón objetiva que nos pueda llevar a pensar que ellos puedan sufrir amedrentamientos o acciones de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien recientemente asumió la presidencia del país. Ella, sin que se mostraran pruebas, fue señalada como el principal peligro.
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