El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, “disponer la suspensión temporal de las actividades políticas” del partido Fuerza Popular por el plazo de dos años y medio.
El proceso que se sigue en el marco del Caso Odebrecht, formalizó la investigación preparatoria contra esta agrupación política liderada por Keiko Fujimori en el 2019, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Como fundamentos de hecho, el fiscal argumenta la intervención del partido en varios proyectos de ley presentados en el Legislativo, así como dictámenes de comisiones, textos sustitutorios, entre otros.
En diciembre del año pasado, el juez Víctor Zúñiga Urday declaró fundado el pedido fiscal para que Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) sea incorporado como persona jurídica en la indagación por el delito de lavado de activos que se le sigue a la excandidata presidencia, por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales.
Esta disposición faculta al fiscal Pérez Gómez a que pida la eventual suspensión o disolución del partido político cuando finalice su investigación del Caso Odebrecht.
Al respecto, la legisladora Martha Chávez dijo desconocer el pedido del fiscal José Domingo Pérez y no sentirse sorprendida al respecto.
“No tengo conocimiento, pero no me extraña, es parte de toda la estrategia del señor Pérez y de quienes están detrás de él”, afirmó en Canal N.
Indicó que esta medida forma parte del propósito de persecución en contra de la agrupación política.
“Hay un propósito de persecución y como estamos en un año electoral y no han logrado condenar a Keiko Fujimori, han tratado de impulsar modificaciones constitucionales para que las personas con sentencia en primera instancia [no puedan postular]”, dijo.
Finalmente, destacó que ni “Keiko Fujimori ni nadie de Fuerza Popular han sido funcionarios públicos”, por lo que “no han firmado contratos ni adendas”.
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