Ricardo Quintana, periodista peruano detenido en EE.UU., fue trasladado desde una prisión de máxima seguridad en Florida a un centro para migrantes en Texas, en medio de denuncias por condiciones inhumanas. Arrestado tras vender ceviche en una playa, enfrenta un proceso de deportación mientras su madre ruega por su liberación, temiendo por su salud y su vida.
La voz de Olinda Chávez se quiebra antes de terminar la frase. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se pierden en el vacío como buscando a su hijo a través de miles de kilómetros y rejas de acero.
“Hagan el favor de mandarme a mi hijo sano… si él se muere, moriré con él”, dice, con la certeza de una madre que siente que el tiempo corre en su contra.
Su hijo, Ricardo Quintana Chávez, periodista peruano, migró a Estados Unidos en 2021 con la esperanza de rehacer su vida. Hoy, esa ilusión se ha convertido en un encierro sin fecha de salida. El profesional peruano fue sacado de la prisión migratoria conocida como ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, para ser trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas.
El caso comenzó como una anécdota absurda: Ricardo fue detenido en Miami tras vender ceviche en la playa. Según su familia, no se trataba de un delito, sino de una falta administrativa que pudo resolverse pagando una fianza. Pero Migración de EE.UU. lo acusó de estar en el país ilegalmente desde 2019 y, en cuestión de horas, lo encerró en una prisión de máxima seguridad.
“Mi delito fue vender ceviche… pagué 150 dólares de fianza y cuando estaba saliendo me agarró migración”, contó él mismo a un medio local. Desde entonces ha pasado por cuatro cárceles distintas. Ahora comparte un espacio reducido con 32 internos, algunos condenados por delitos graves, expuesto a temperaturas extremas y maltratos psicológicos. “Uno se deteriora emocional y físicamente”, dijo.
En Texas, Ricardo tiene prohibidas las llamadas internacionales. La última vez que pudo hablar con un familiar, describió un ambiente de encierro total, de “jaulas” y guardias hostiles. Su audiencia por asilo político estaba prevista para el 22 de agosto, pero fue aplazada, condenándolo a más semanas –quizá meses– de reclusión.
Sadith Távara, pariente cercano, resume la indignación de la familia: “Solo es una falta administrativa… pero ahora está incomunicado y muy mal de salud. Apenas pudo hablar con su mamá”.
En Lima, Olinda Chávez carga con una doble pena: la de su hijo tras las rejas y la de su propia salud, que se ha deteriorado. Ricardo planeaba regresar al Perú para cuidarla, pero la detención lo sorprendió un domingo, mientras trabajaba como siempre. “Nunca ha estado preso… psicológicamente está destruido”, repite ella, como si la frase pudiera romper las paredes que lo encierran.
El embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, confirmó que el cónsul en Houston ha sido instruido para verificar el trato digno del periodista. Sin embargo, la realidad es fría: lo más probable es que Ricardo sea expulsado del país.
En Estados Unidos, entre 200 y 250 peruanos se encuentran en situación similar. Las leyes migratorias, endurecidas desde el gobierno de Donald Trump, han convertido faltas menores en puertas de entrada a un laberinto legal que pocos logran atravesar.
Mientras tanto, Olinda solo pide una cosa: que su hijo vuelva. No quiere que le devuelvan un cuerpo enfermo o quebrado, sino al hombre que un día partió buscando una vida mejor y que hoy, desde una celda en Texas, lucha por no perder la esperanza.
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