El silencio lo ocupó todo. Durante 90 minutos, la sala del tribunal federal de Nueva York fue escenario de una audiencia donde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecieron inmóviles, atentos, pero sin pronunciar una sola palabra. Vestidos con uniformes de prisión color verde caqui, escucharon cada intervención a través de audífonos, mientras sus abogados tomaban la voz en su defensa.
El contraste con enero fue evidente. En aquella primera comparecencia, Maduro había hablado durante varios minutos para proclamar su inocencia. Esta vez no hubo discursos, ni interrupciones, ni reacciones del público. Solo un ambiente contenido que se sostuvo hasta el final.
La sesión de este jueves giró principalmente en torno a un tema clave: el impacto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela en la defensa legal de la pareja. Un punto que la Fiscalía ha rechazado de manera firme.
Los abogados de Maduro y Flores insistieron en que se les permita utilizar fondos del gobierno venezolano para costear su defensa, argumentando que las restricciones actuales afectan su derecho a elegir libremente a sus representantes legales.
El juez Alvin Hellerstein dejó clara su posición al adelantar que rechazará la solicitud de la defensa de desestimar el caso. Esta petición se basaba en que las sanciones impiden al gobierno de Caracas pagar los honorarios legales de los acusados.
Desde la Fiscalía, la postura fue directa: tanto el gobierno venezolano como la pareja están sujetos a sanciones desde 2019, por lo que no pueden hacer uso de esos recursos. Además, sostuvieron que esta prohibición no vulnera los derechos constitucionales recogidos en las enmiendas Quinta y Sexta de Estados Unidos.
Incluso se argumentó que el derecho a elegir abogado se ve “superado” por preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional. Sin embargo, el juez marcó distancia al subrayar que el derecho a la defensa “es primordial”.
Para Hellerstein, las complejidades del caso son tan grandes que justifican la necesidad de un abogado privado, dejando en evidencia el peso legal que recae sobre el proceso.
Otro de los puntos que asoma en la estrategia de la defensa es la posible inmunidad de Maduro como jefe de Estado. No obstante, Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo en 2019, tras considerar fraudulenta su reelección.
El antecedente del exlíder panameño Manuel Noriega aparece como referencia. En los años noventa, su intento de acogerse a la inmunidad fue rechazado por un tribunal federal, lo que terminó con su procesamiento en territorio estadounidense.
Mientras dentro del tribunal predominaba la calma, en los exteriores la tensión se hacía visible. Manifestantes a favor y en contra de Maduro se enfrentaron en una escaramuza en las inmediaciones.
Del lado opositor, destacaban carteles con el título “criminales” y las fotografías de Maduro junto a políticos españoles como José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Las mismas imágenes también fueron difundidas en un camión publicitario que recorrió la zona.
En esos carteles se mencionaban casos como “Zapatero/Maduro”, “PlusUltra”, “Hidrocarburos” y “PSOE”, aunque los señalados han negado cualquier irregularidad.
Así, entre el silencio en la sala y el ruido en las calles, la audiencia cerró dejando más preguntas que respuestas, en un proceso donde cada movimiento —o ausencia de él— parece tener un peso calculado.
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