
Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras haber sido detenido durante una operación militar realizada en Caracas el pasado 3 de enero. Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico y al uso de armamento de guerra, en una investigación que abarca más de dos décadas.
Ese mismo día, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación penal en su contra que también involucra a integrantes de su entorno más cercano, entre ellos su esposa, Cilia Flores. El expediente sostiene que las actividades ilícitas investigadas se habrían desarrollado incluso antes de que Maduro asumiera la presidencia de Venezuela.
Según la documentación fiscal, el exmandatario habría utilizado su posición política para facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas a gran escala. La acusación indica que el poder estatal fue empleado para garantizar rutas seguras de transporte y blindaje institucional a estas actividades.
El documento presentado ante la corte federal detalla cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de guerra.

Red criminal, vínculos internacionales y proceso judicial
La Fiscalía estadounidense sostiene que la estructura investigada mantenía nexos con organizaciones armadas y criminales de alcance internacional. Entre ellas figuran las FARC, el ELN, cárteles mexicanos como Sinaloa y Los Zetas, así como la organización Tren de Aragua, de origen venezolano.
El expediente fiscal afirma que Venezuela habría sido utilizada como un centro logístico para el envío de droga, con apoyo de redes políticas y diplomáticas. Las autoridades señalan que estas operaciones contaron con protección estatal, acceso a espacio aéreo y cooperación de actores armados extranjeros.

Durante su primera audiencia judicial en una corte federal de Manhattan, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos imputados. Su defensa descartó solicitar libertad bajo fianza y comunicó que no se buscarán acuerdos de confesión anticipada, mientras el proceso sigue su curso.
De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas que van desde los 30 años de prisión hasta cadena perpetua. El caso será dirigido por el juez Alvin Hellerstein y es considerado por la Fiscalía como uno de los procesos más relevantes en la historia reciente de la justicia penal estadounidense por la magnitud de las acusaciones y los actores implicados.

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