Mientras algunos protestan por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que libera a Alberto Fujimori y que el presidente Pedro Castillo aprovecha para encubrir los casos de corrupción que lo envuelven, pocos se preocupan por lo que ocurre en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
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Dicho organismo tiene una trascendencia relevante. Es la élite de los servicios de inteligencia policial. Su función es la de buscar, almacenar, procesar información, hacer seguimientos y escuchas sobre las organizaciones criminales que operan en el país. Su trabajo es clave para las fiscalías que reprimen los delitos de alto vuelo y para los servicios de inteligencia extranjeros.
También -aunque esto no está escrito- maneja información privilegiada de las autoridades públicas del país, desde el día en que nacieron y todas sus andanzas.
Sin embargo, en solo una semana, la Digimin ha tenido tres directores: los generales Luis Flores Solís, Roger Arista Perea y el coronel Martín Gonzales Sánchez, este último nombrado el jueves pasado por el ministro Alfonso Chávarry. El cese del general Flores y la renuncia de Arista han llamado profundamente la atención en los organismos de inteligencia.
Flores tiene una destacada y reconocida trayectoria. Es licenciado de la División Aerotransportada y fue uno de los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó al senderista Abimael Guzmán. Fue nombrado jefe de la Digimin en octubre del 2021 cuando aún era coronel. Un mes después ascendió a general. En febrero de este año fue ratificado en su cargo por una resolución suprema firmada por el presidente Castillo y el ministro Chávarry. El 11 de marzo, su designación fue dejada sin efecto con una simple resolución ministerial.
“Administrativa y legalmente, se debió emitir una resolución suprema, similar a la de su nombramiento. Se trata de una falta grave que puede tener efectos legales contra el ministro Chávarry”, me dice un abogado.
Varias fuentes afirman que la salida de Flores se debería a que un grupo de agentes de la Digimin, seleccionados por él, estaba investigando las tropelías de Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del mandatario Castillo. El oficial, que cumplía a cabalidad su labor, se negó a paralizar las pesquisas.
Lo sucedido con el general Róger Arista también despierta suspicacias. Arista, quien es conocido por su destacada labor policial, solo duró en el cargo dos días. Él mismo renunció. Según ha trascendido, también se le sugirió desactivar la investigación sobre Pacheco, que no aceptó.
Ahora el nuevo jefe de la Digimin es el coronel Martín Gonzales Sánchez, quien tiene una amplia trayectoria en inteligencia. Fue el artífice de la caída de los magistrados corruptos de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Gonzales ha recibido críticas de sectores de la Policía y la prensa. Hoy tiene la gran oportunidad de demostrar que su trabajo está por encima de la presión y los intereses políticos del actual gobierno.
De hecho, el responsable del zafarrancho que ocurre en la Digimin es el ministro del Interior, el coronel Alfonso Chávarry, cuya trayectoria policial no precisamente ha sido notable. Pocos saben que fue protagonista de una situación embarazosa que lo puso al borde de su destitución.
Ocurrió en noviembre del año 2019 cuando se desempeñaba como jefe de fiscalización de la Sucamec, el organismo que controla el uso de armas civiles.
Chávarry en persona dirigió una operación cinematográfica en el exclusivo restaurante San Ceferino, en San Isidro. Uno de los atractivos del local son las armas de fuego en desuso, antiguas y de colección que están pegadas en las paredes y colgadas en el techo como adornos. El propietario del local es un empresario italiano y coleccionista de ese tipo de artículos.
Chávarry incautó 139 armas, entre escopetas, revólveres y pistolas antiguas, pese a que el dueño le explicó que estaban en desuso y los papeles de su adquisición en regla.
La intervención surrealista llegó a oídos de ministros y políticos, asiduos visitantes de dicho establecimiento, quienes pidieron una inmediata explicación de lo ocurrido. El mismo propietario se encargó de hablar con ellos. Se trataba de un atropello flagrante.
Días después, Chávarry tuvo que devolver lo incautado. Sus propios peritos determinaron que las armas se encontraban en desuso, por sus características no eran consideradas como armas de fuego y hasta su sistema de funcionamiento no estaba operativo.
Ojalá que, como ministro del Interior, Chávarry no vuelva a cometer ¡tremendo papelón! Nos vemos el otro martes.
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