“Dónde están las hojas de coca”, preguntó el bisoño alférez del Ejército cuando llegó a Uchiza. “Allí las estás pisando, cojudo”, le dijo el jefe que lo recibió. Era inicios de los años ochenta cuando ese lugar era la mata del narcotráfico en el valle del Huallaga. Por aquel entonces, las firmas de narcotraficantes pululaban a lo largo de esa cuenca, en donde la hoja de coca crecía hasta en las piedras.
Casi todos los días, docenas de avionetas despegaban de las pistas clandestinas cargadas de pasta básica hacia Colombia, en donde modernos laboratorios la transformaban en clorhidrato de cocaína y la despachaban a Estados Unidos. Eran los tiempos de gloria del poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar y uno de sus principales proveedores peruanos, Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.
Después de casi tres décadas, los diferentes gobiernos con apoyo de Estados Unidos pacificaron la zona y lograron que los campesinos cambiaran esos cultivos por productos alternativos.
Entonces, los narcotraficantes se mudaron al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En ese lugar, que es casi impenetrable, ya han muerto cientos de militares en manos de los narcos y los rezagos de Sendero Luminoso.
Los cultivos de hoja de coca en el Vraem y en otras zonas se han extendido exponencialmente en cantidades alarmantes. Según un reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el año 2020 en el Perú se contabilizaron 61,777 hectáreas sembradas (en el 2017 había 49,000). De esa cantidad, el 90 por ciento va a parar al narcotráfico. Los narcos peruanos ‘exportan’ 900 toneladas de cocaína anualmente.
“Desafortunadamente, en los últimos años el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en el Perú han aumentado constantemente. Es una preocupación para nosotros. Las cifras son preocupantes, porque a pesar de nuestros esfuerzos, el cultivo ha crecido”, dijo a El Comercio Heide Fulton, alta funcionaria antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos.
Una fuente antidrogas extranjera me dice que resulta grave que el presidente Pedro Castillo, lejos de ponerle énfasis a la erradicación de ese cultivo, tiene un actuar sospechoso y hasta se podría decir cómplice con ese accionar delictivo.
No le falta razón. Castillo nombró jefe de Devida, el organismo encargado de la eliminación de cocales, a Ricardo Soberón, un conocido prococalero. Soberón ha implementado una estrategia inaudita llamada ‘pacto ciudadano’. Consiste en que ¡los propios agricultores reduzcan voluntariamente su siembra de coca y, poco a poco, se autoerradiquen!
El mismo mandatario, junto con su hombre de confianza, el congresista Guillermo Bermejo, impulsa la industrialización de la hoja de coca, tal como lo hizo Evo Morales en Bolivia. Y hasta ha anunciado la construcción de un aeropuerto en Pichari, el centro de operaciones de los narcos del Vraem.
Si seguimos así, podemos convertirnos en México, un país en donde está enquistado el narcopoder y matan a periodistas casi a diario. Nos vemos el otro martes.
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