Puno se ha convertido en el estandarte de los vándalos que azuzan la violencia en el país. “Es un pueblo olvidado”, “ningún gobierno se ha preocupado por ellos”, “son los que no tienen voz”, gritan los revoltosos. Lo mismo teclean los políticos y opinólogos izquierdistas en las redes sociales, desde sus modernos celulares y en la comodidad de sus casas, cafetines, bares limeños y europeos.
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Ellos celebran cada muerte de un “protestante”, pero callan cuando el cuerpo de un policía es quemado vivo por los sediciosos.
Lo que no dicen, sin embargo, es que los gobernadores de esa región de los últimos diez años, solo por poner un ejemplo, son dirigentes de su línea política que no han sabido administrar los millonarios fondos asignados para la ejecución de obras de saneamiento y salud para su población.
No solo son ineptos gestores. También han terminado envueltos en procesos de corrupción por robar ese dinero que sale de nuestros bolsillos. Paradójicamente, fueron elegidos por los propios puneños, que dicen sentirse olvidados.
¿Quieren pruebas? Puno se encuentra entre las cinco regiones que peor han administrado el presupuesto entregado y tenido que devolver el dinero al Estado, según el Índice de Competitividad Regional 2022 del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En ese documento –poco difundido– se explica que de los S/ 2,562′289,251 destinados a ese gobierno regional, S/ 1,993′048,802 fueron para gasto corriente (78 %), y S/ 569′240,449 (22 %) para inversión en proyectos. De esta última cantidad, destinada a ejecución de obras públicas, solo se llegó a gastar el 47 %.
El saliente gobernador Germán Alejos –sí, el mismo que le abrió las puertas de Puno a su íntimo amigo, el violentista boliviano Evo Morales– recibió durante su gestión S/ 9,431′283,709, la cantidad más alta de todas las gestiones regionales. De ese monto, S/ 1,712′550,327 eran para obras. ¿Saben cuánto gastó? Apenas el 60 %.
“Puno tuvo el dinero suficiente para alcanzar su desarrollo, pero la incapacidad, ineficiencia y actos de corrupción retrasan su progreso”, dijo hace poco el especialista en gestión pública Jaime Bautista Aquino. La ineficiencia también campea en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, donde ocurren actos de violencia.
Los casos de corrupción en Puno abundan. Agustín Luque, uno de sus gobernadores, fue detenido por liderar una organización criminal. Wálter Aduviri no terminó su gestión. Fue enviado a prisión por participar en la asonada sangrienta conocida como el ‘Aimarazo’.
“Los mayores problemas de corrupción están en el sur”, dice el contralor Nelson Shack.
La pobreza que existe en Puno es responsabilidad de sus propias autoridades que ahora, sin vergüenza alguna, azuzan a la población. Pero en esa región también predomina el contrabando de alto vuelo, la minería ilegal y el narcotráfico, que mueven millones de dólares en efectivo, capaces de financiar revueltas sangrientas, tomas de aeropuertos, marchas diarias y paralizar un país completo.
La historia, señores politiqueros, hay que contarla completa. Nos vemos el otro martes.
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