En calles y plazas de provincias, a donde va casi a diario, el presidente Pedro Castillo grita gobernar para el pueblo y se declara un enemigo de la corrupción. Como todos los mandatarios de izquierda, ‘pueblo’ y ‘corrupción’ son sus palabras favoritas.
En los hechos, sin embargo, Castillo no cumple lo que predica. Parece gobernar solo para su séquito de paisanos de Chota y amigos, a quienes les ha dado trabajo en Palacio de Gobierno y en entidades públicas, con jugosos sueldos.
Y si hablamos de corrupción, la semana pasada se destaparon contratos irregulares que vinculan a familiares de los ministros Aníbal Torres y Pedro Francke, titulares de Justicia y Economía, respectivamente.
El primer círculo de confianza del mandatario está integrado por sus sobrinos Frahy Vásquez, Gian Marco Castillo y Rudbel Oblitas. Después seguía Bruno Pacheco, su secretario personal, quien el viernes renunció luego de ser descubierto gestionando ascensos militares y pedidos en la Sunat para favorecer a sus amigos.
Según fuentes fiscales, Pacheco se inmoló para que las responsabilidades -en el caso específico de lo ocurrido en el Ejército- no recaigan en Pedro Castillo, quien personalmente le pidió que gestionara el ascenso de un coronel cuyo padre es su amigo íntimo de Chota.
De hecho, Pacheco es imprescindible para Castillo, por todo lo que le sabe. Seguirá siendo su principal consultor y emisario, esta vez en la sombra, en donde se desenvolverá con mayor comodidad.
Otro hombre clave del presidente es el chotano Auner Vásquez, jefe del gabinete de asesores. Hay seis funcionarios más de esa provincia en la sede palaciega.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes, también ha alistado a una de sus paisanas. Pese a que su cargo de primera dama es solo protocolar, contrató a su amiga Irma Rojas Regalado, con un sueldo de 19 mil soles. En su anterior trabajo, Regalado apenas ganaba dos mil soles.
Por otro lado, dos casos de presunta corrupción desdicen lo que afirma Castillo sobre el combate de ese flagelo. La empresa del hermano y sobrino del ministro de Justicia, Aníbal Torres, obtuvo un contrato con una entidad estatal de ¡S/ 14 millones!, cuando por ley estaba impedida de postular por el cargo que ostenta Torres.
Torres intentó defenderse argumentando que el acuerdo se dio cuando aún no era ministro, pero el propio organismo contratante dijo que el documento se firmó el 12 de agosto. Tan irregular era la contratación que se tuvo que anular. ¿Qué hubiera pasado si no se hacía pública esa ilegalidad?
Lo mismo ocurrió con el ministro Pedro Francke. La empresa de su hija y su hijastro tuvo contrataciones con el Estado en agosto y setiembre. Una vez descubierto el caso por la prensa, Francke reconoció la irregularidad y dijo que sus hijos devolverían los montos cobrados. Así de fácil.
No más paisanos pobres en un país rico. Nos vemos el otro martes.
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