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Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación*
Desde hace un buen tiempo, los fiscales del caso Lava Jato se han dedicado a montar circos mediáticos antes que a fortalecer pruebas y denunciar a los funcionarios corruptos que ellos investigan.
Lo ocurrido el jueves con el expresidente y candidato al congreso Martín Vizcarra es una prueba elocuente. El fiscal Germán Juárez pidió su detención preventiva por 18 meses por los presuntos sobornos que recibió cuando fue gobernador de Moquegua. Pero la jueza María Álvarez desestimó la solicitud con sólidos argumentos.
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La magistrada aceptó que había suficientes ‘elementos de convicción’ para que la investigación continuara, pero no indicios o pruebas razonables de que Vizcarra quisiera obstaculizar las pesquisas o fugar del país, requisitos fundamentales para aceptar esa medida extrema. Eso lo sabe hasta un cachimbo que quiere ser abogado.
En efecto, sobre el exmandatario existen contundentes versiones de colaboradores eficaces, documentos, llamadas telefónicas que coinciden con los días y horas previas del pago de las coimas. Sin embargo, aquello, por ahora, no justifica una detención.
“Se trató de una operación mediática en medio de una campaña electoral en la que Vizcarra postula al Congreso de la República”, dijo a este columnista un letrado que tiene acceso a ese proceso.
Previamente, Juárez puso en marcha una conocida estrategia que suelen utilizar los fiscales que integran ese grupo especial: se filtraron a la prensa declaraciones reservadas de un nuevo testigo, el registro de llamadas telefónicas y hasta se difundió el rumor de que Vizcarra pediría asilo político en la embajada de Bolivia.
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Todo eso con el claro interés de generar corriente de opinión pública y presionar a la jueza Álvarez para que accediera al requerimiento fiscal, lo que no logró. Álvarez, por cierto, goza de un bien ganado prestigio en el Poder Judicial. Fue ella la que validó el acuerdo con la empresa Odebrecht.
Los reiterados pedidos de prisión preventiva solicitados por los fiscales del caso Lava Jato han sido criticados por connotados juristas. Casi todos sus requerimientos que fueron aceptados en primera instancia, luego fueron revocados por las instancias superiores y por el Tribunal Constitucional, a través de sendas y contundentes resoluciones. Allí están los casos de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y Keiko Fujimori.
Pero nada de eso parece importarles. Ni la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha podido llamarlos al orden. Por el contrario, Rafael Vela, el jefe de ese grupo, hasta la ha desmentido públicamente las veces que ha querido.
El país tiene mucho que agradecer a los fiscales Lava Jato, pero su labor se ha ido desdibujando conforme fueron tomando protagonismo. Su trabajo es denunciar, con pruebas decisivas, a los implicados para que el Poder Judicial los sentencie con todo el rigor de la ley, como parece ser el caso de Vizcarra. ¡Esa es su chamba! Menos show, más resultados. Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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