“O sea que no has tenido respeto a Jack Castillo, ¿no? Te he seguido dos meses. El segundo mes ya te has pasado de la raya. Te estás aprovechando de una mujer que es noble y que es mi mujer. No te olvides, te voy a buscar donde estés, chau. Tu hijo está por nacer, ¿no? Sabes con la gente que camino. Tu familia estará de luto”.
Este siniestro mensaje de voz, como los de la mafia siciliana, le dejó el empresario Jack Castillo Castillo al fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona. Era el 30 de marzo del 2012.
Días después, el lunes 16 de abril, a las 6:30 de la mañana, cuando salía de su casa rumbo a su fiscalía, el magistrado Sánchez fue abordado por dos hombres. Le descerrajaron seis disparos. Uno de ellos le destapó el cráneo. Murió en el acto.
La semana pasada –luego de tres años y ocho meses de ese crimen que conmocionó a la ciudadanía- un juzgado del Santa, en Chimbote, sentenció a 25 años de prisión al empresario Castillo, quien está prófugo.
Pocos saben, sin embargo, que este proceso estuvo plagado de obstáculos y presiones para que quedara impune. Jack Castillo era un poderoso y acomodado constructor. Ganó ¡22 millones de soles! en obras públicas que le otorgó su amigo César Álvarez, el otrora intocable gobernador de Áncash, hoy preso por corrupción.
Durante las indagaciones, cuatro fiscales que investigaban el crimen fueron separados de sus puestos sin explicación alguna. La primera fue la correcta fiscal Carmen Berrocal, quien tuvo acceso al mensaje de voz del celular del fiscal y ordenó rápidas pesquisas que conducían a la responsabilidad de Jack Castillo.
En aquella época, Berrocal nos confió, en la Unidad de Investigación de El Comercio, que existían presiones para no implicar al empresario. La magistrada no se amilanó y ordenó su captura y también la de varios presuntos sicarios.
El Poder Judicial de Áncash –entonces controlado por César Álvarez- aceptó el pedido de detención de Castillo, pero nueve meses después lo dejó sin efecto.
Lo peor ocurrió cuando la policía logró identificar a los dos sicarios que le dieron muerte al fiscal Sánchez Colona: Danny Huamancóndor de la Cruz y Richard Bracamonte Méndez.
En noviembre del 2012, cuando estaba a punto de ser capturado en Chimbote, Huamancóndor fue encontrado muerto dentro de un auto con un disparo en la sien. Lo mismo ocurrió con Bracamonte, quien fue asesinado a balazos en setiembre del 2014 en un evento deportivo. Nadie debía quedar vivo.
“La vida no tiene precio. Dios ha obrado y se está haciendo justicia. Mi hijo, desde lo alto, se siente satisfecho”, dijo entre lágrimas la madre del fiscal Luis Sánchez.
Ahora queda que la policía le eche el guante pronto a Jack Castillo.
Nos vemos el otro martes.
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“O sea que no has tenido respeto a Jack Castillo, ¿no? Te he seguido dos meses. El segundo mes ya te has pasado de la raya. Te estás aprovechando de una mujer que es noble y que es mi mujer. No te olvides, te voy a buscar donde estés, chau. Tu hijo está por nacer, ¿no? Sabes con la gente que camino. Tu familia estará de luto”.
Este siniestro mensaje de voz, como los de la mafia siciliana, le dejó el empresario Jack Castillo Castillo al fiscal de Casma, Luis Sánchez Colona. Era el 30 de marzo del 2012.
Días después, el lunes 16 de abril, a las 6:30 de la mañana, cuando salía de su casa rumbo a su fiscalía, el magistrado Sánchez fue abordado por dos hombres. Le descerrajaron seis disparos. Uno de ellos le destapó el cráneo. Murió en el acto.
La semana pasada –luego de tres años y ocho meses de ese crimen que conmocionó a la ciudadanía- un juzgado del Santa, en Chimbote, sentenció a 25 años de prisión al empresario Castillo, quien está prófugo.
Pocos saben, sin embargo, que este proceso estuvo plagado de obstáculos y presiones para que quedara impune. Jack Castillo era un poderoso y acomodado constructor. Ganó ¡22 millones de soles! en obras públicas que le otorgó su amigo César Álvarez, el otrora intocable gobernador de Áncash, hoy preso por corrupción.
Durante las indagaciones, cuatro fiscales que investigaban el crimen fueron separados de sus puestos sin explicación alguna. La primera fue la correcta fiscal Carmen Berrocal, quien tuvo acceso al mensaje de voz del celular del fiscal y ordenó rápidas pesquisas que conducían a la responsabilidad de Jack Castillo.
En aquella época, Berrocal nos confió, en la Unidad de Investigación de El Comercio, que existían presiones para no implicar al empresario. La magistrada no se amilanó y ordenó su captura y también la de varios presuntos sicarios.
El Poder Judicial de Áncash –entonces controlado por César Álvarez- aceptó el pedido de detención de Castillo, pero nueve meses después lo dejó sin efecto.
Lo peor ocurrió cuando la policía logró identificar a los dos sicarios que le dieron muerte al fiscal Sánchez Colona: Danny Huamancóndor de la Cruz y Richard Bracamonte Méndez.
En noviembre del 2012, cuando estaba a punto de ser capturado en Chimbote, Huamancóndor fue encontrado muerto dentro de un auto con un disparo en la sien. Lo mismo ocurrió con Bracamonte, quien fue asesinado a balazos en setiembre del 2014 en un evento deportivo. Nadie debía quedar vivo.
“La vida no tiene precio. Dios ha obrado y se está haciendo justicia. Mi hijo, desde lo alto, se siente satisfecho”, dijo entre lágrimas la madre del fiscal Luis Sánchez.
Ahora queda que la policía le eche el guante pronto a Jack Castillo.
Nos vemos el otro martes.
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