El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, señalo que es falso que haya agredido a su hija o su esposa y que también es mentira que haya adeudado el pago del alquiler en el inmueble que alquilaba en el distrito de San Borja.
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En declaraciones con el programa “A pensar más”, el también legislador aseveró que el día en que se registró la denuncia en la comisaría de San Borja, en la que su hija declaró que fue sometida a una serie de golpes, él reprendió a su hija, pero sin violencia.
“Debo decir que esa denuncia está por corroborarse, me acabo de enterar. Nunca mi esposa en vida me lo dijo, pero mi hija me ha explicado que había ido a la comisaria aquella vez que la había reprendido y le había llamado la atención, ella pensaba que era igual que la policía de Francia, porque ellas [esposa e hija] han vivido ahí. En Francia la policía intermedia en estos casos, pero lo que pasó fue que la policía le hizo formar un papel pero eso es todo”, afirmó.
“De verdad recién me entero de que había una orden de protección, nunca fui notificado. Si hay un certificado, entonces el Ministerio Público ha tenido que tomar conocimiento y ha tenido que haber una investigación por esto”, añadió.
“Desde el día de ayer salió este tema, por eso estoy buscando las pruebas para poder desmentir las mentiras sobre este tema. Mi esposa murió hace 3 meses, los papeles tendrán que hablar. Yo niego todas las agresiones, es completamente falso eso [las denuncias]”, expresó.
Además, señaló que si él fuera un agresor tendría que tener una sentencia en su contra luego de un “debido proceso” y que no hay ninguna sentencia en su contra.
“¿Dónde están las pruebas? si hubiera pruebas, existiría una sentencia. Este caso es del 2016, el 2016 nosotros ya vivíamos en otro lugar. El 2016 ya no vivíamos en san Borja ¿Por qué el Ministerio Público no abrió investigación?”, manifestó.
Héctor Valer, hoy presidente del Consejo de Ministros, fue acusado de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.
De acuerdo con una resolución a la que tuvo acceso El Comercio, ambas denunciantes manifestaron que el 21 de octubre del 2016, en el interior de su domicilio, “fueron agredidas por el denunciado”.
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