Maximiliano Galli, asesor del Ministerio de Hacienda del Gobierno Provincial de Misiones, Argentina, estuvo en la Expoamazónica Madre de Dios 2024, realizado en la ciudad de Puerto Maldonado. En el foro REDD+: Nuevas tendencias y oportunidades para el Perú, realizado el pasado sábado 21 de septiembre, el expositor explicó su experiencia en el proceso de negociación, implementación y beneficios del Programa Jurisdiccional REDD+ ECO2. La iniciativa PJ REDD+ ECO2 busca reducir la deforestación y degradación forestal en esta provincia, de esta manera evitar la emisión de miles de toneladas de carbono (CO2) a la atmósfera y contribuir en la lucha contra el cambio climático.
Misiones espera generar unos primeros ingresos de hasta 55 millones de dólares por la venta de 10 millones de créditos de carbono correspondientes al primer periodo (2017-2022). Cabe resaltar que la provincia de Misiones cuenta con 1.6 millones de hectáreas de bosques, donde se encuentra una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú. Además, alberga una gran diversidad biológica, representando el 52% del total de especies de Argentina.
En su exposición, Maximiliano resaltó que el gobierno de Misiones será el encargado de proponer el proyecto, establecer una línea de base y calcular las reducciones de emisiones de CO2 de toda la provincia y que los créditos generados se asignarán mediante un mecanismo de distribución de beneficios. Además, el gobierno llevará la contabilidad de las reducciones de emisiones y negociará su venta, asegurando la transparencia del proceso y la participación ciudadana.
Durante el evento, se citó de ejemplo a la ciudad argentina como agente de cambio contra la deforestación
En cuanto a la distribución de beneficios, se estableció un fondo de fideicomiso con tres cuentas. La primera cuenta, destinada al desarrollo sustentable, otorgará financiamiento a las partes que presenten proyectos. La segunda cuenta, enfocada en los bosques, proporcionará fondos para pagar a los propietarios de bosques nativos. La tercera cuenta, dedicada al funcionamiento del programa, financiará las actividades relacionadas con la estrategia REDD+.
El expositor señaló que, aunque el programa se implementará en toda la provincia, se respetarán los derechos de las áreas privadas “Si un propietario de bosque nativo no está de acuerdo con algún aspecto del programa, puede solicitar su exclusión del mecanismo de distribución de beneficios. Aunque perderá los beneficios del Programa, podrá realizar su propio proyecto REDD+, certificarlo y vender las reducciones generadas a quien mejor le parezca”, mencionó Maximiliano.
Galli indicó además que algunos aspectos claves para la viabilidad de esta iniciativa fueron la coordinación entre ministerios, lo que permitió continuar con la política de conservación de Argentina, una política de estado vigente desde hace más de 35 años. “Aunque Misiones inició este programa hace 4 años, el financiamiento de la conservación lleva más de tres décadas. Las lecciones aprendidas nos han enseñado la importancia de lograr una coordinación efectiva entre ministerios y de formar un equipo sólido con una buena interacción con la sociedad civil. Es crucial mantener un diálogo constante y entender cómo el programa puede recibir sugerencias y recomendaciones del sector privado. La provincia es el proponente, pero el proceso es interactivo, incorporando continuamente las recomendaciones recibidas. Además, la articulación con el gobierno nacional es esencial” dijo.
En este sentido, la provincia de Misiones ha firmado un acta de cooperación técnica con el país, que reconoce el trabajo de la provincia en estos temas y busca conjuntamente mecanismos de financiamiento, siendo REDD+ una opción viable tanto para Argentina como para la provincia.
En el foro, también estuvo presente la gerente legal de Paskay (empresa especializada en carbono forestal), Blanca López Bassa, quien mencionó que en el Perú ya existen herramientas jurídicas que permiten la viabilidad de estos proyectos, a nivel nacional y subnacional. “No necesariamente se requiere un marco normativo específico sobre carbono; en realidad, se trata de utilizar lo que ya se tiene. En el caso del Perú, existe una claridad en los roles y funciones de las instituciones, lo cual es clave para seguir desarrollando la articulación necesaria para implementar este tipo de proyectos. Hay una clara definición de las funciones de los gobiernos regionales y una transferencia de competencias en materia forestal. Además, los gobiernos regionales son responsables de elaborar e implementar medidas de mitigación en su jurisdicción, y deben hacerlo de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente y SERFOR” indicó Blanca.
El Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones se ha convertido en un referente a nivel mundial y en una iniciativa digna de replicar. En el Perú, aunque existen muchas iniciativas de carbono forestal y somos el país que más créditos de carbono REDD+ ha emitido a nivel mundial, la tasa de deforestación sigue siendo muy alta y por encima del promedio histórico. Para lograr un impacto mayor, es esencial un trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado.
La experiencia de Misiones demuestra que un enfoque jurisdiccional puede ser altamente efectivo. Este enfoque permite una mejor coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y facilita la implementación de políticas de conservación a gran escala.
Por ello, es recomendable que Perú migre hacia un enfoque jurisdiccional, que permita una articulación más efectiva entre los gobiernos regionales y nacionales, así como con el sector privado. Este enfoque no solo mejorará la eficiencia en la implementación de proyectos REDD+, sino que también atraerá inversiones y fortalecerá las capacidades locales para la gestión sostenible de los recursos forestales.
El foro Amazonía Sostenible tuvo como objetivo comunicar y promover los avances hacia un desarrollo bajo en emisiones para la Amazonía peruana, a través de recomendaciones de políticas y casos de éxito. Este evento contó con la presencia de importantes especialistas de diversas organizaciones públicas y privadas, incluyendo representantes del MINAM, GOREU, GOREMAD, SERFOR, USAID, SilvaCarbon – US Forest Service, entre otros.
