Esterilizaciones forzadas, el manto del olvido: Historias Nunca Contadas

Mientras los peruanos celebrábamos las Fiestas Patrias y esperábamos el mensaje del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski, una fiscal llamada Marcelita Gutiérrez dictó una resolución que ha causado el repudio general: exculpó a Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de Salud, sindicados de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas entre 1996 y el año 2000.

Según Gutiérrez, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori no estuvo destinado a violar los derechos humanos, sino que los culpables son los médicos que practicaron las operaciones. Es decir, como siempre, la pita se rompe por el lado más débil.

Existen, sin embargo, muchos hechos que contradicen la decisión fiscal. Los primeros casos de esterilizaciones forzosas fueron descubiertos y denunciados por la Unidad de Investigación de ‘El Comercio’.

Corría el año 1999 en pleno fulgor del régimen fujimorista cuando Julia María Urrunaga, la talentosa y acuciosa periodista que trabajó conmigo en esa sección, recibió un dato que parecía inverosímil: en la selva habían muerto varias mujeres luego de ser esterilizadas, dentro de un plan que impulsaba ese gobierno desde 1996.

El primer caso que comprobó la periodista fue el de Magda Morales Canduelas (34), en Tocache, departamento de San Martín. Morales había muerto 12 días después de ser sometida por engaños a una operación de ligaduras de trompas. Le dijeron que la operarían en la mañana y en la noche ya estaría cocinando en su casa. Su esposo ni se daría cuenta. Los tres hijos menores de Morales se quedaron en el más absoluto desamparo.

Luego encontró otros casos desgarradores en zonas rurales de Ayacucho, Huánuco y Piura, lugares en donde varias pacientes habían muerto desangradas, después de ser operadas en postas médicas que no reunían las mínimas condiciones de higiene.

Pese a las publicaciones, el régimen ni se daba por enterado. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), incluso, envió una carta al gobierno advirtiéndole que ese programa se estaba realizando sin garantizar la libre elección, voluntaria e informada de las personas. Pero nadie le hizo caso.

El año 2002, cuando volvió la democracia, el Ministerio de Salud formó una comisión para investigar los casos denunciados. Tras varios meses de investigación, sus miembros concluyeron que durante el gobierno de Alberto Fujimori ¡215 mil 227 mujeres! fueron esterilizadas ‘bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas’. De ellas, 18 murieron.

La acusación se sustentó en 56 documentos oficiales y en testimonios de funcionarios del Ministerio de Salud, que implicaban a Alberto Fujimori y a sus ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, su médico de cabecera.

Para la fiscal Marcelita Gutiérrez, sin embargo, nada de esto ocurrió. No dejemos que el llanto de miles de mujeres quede en el olvido. Nos vemos el otro martes.

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