Por: Miryam Beteta
Habrá ‘muerte civil’ para los corruptos. El premier Fernando Zavala informó que el Ejecutivo aprobó la ley que contempla esta iniciativa a fin de que los funcionarios condenados por delitos de corrupción no vuelvan a ejercer la función pública.
Esta norma será promulgada y publicada por el gobierno en un corto plazo, ya que no necesita la revisión del Congreso por contar con el ‘voto de confianza’.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, explicó que esta medida, que modificará el Código Penal y será una pena principal, se aplicará contra quienes atenten contra el patrimonio del Estado, siempre que el acusado actúe como parte de una organización criminal como persona vinculada o por encargo de ella, o contra programas de fines asistenciales o de desarrollo.
A la vez, dentro de este proyecto se ha dispuesto que, en los casos de delitos contra la administración pública, la pena se incrementará. Actualmente, las condenas van desde los 6 meses a los 5 años, pero ahora será de 2 a 20 años.
Otra de las acciones que se ha pedido tomar es que se cree un ‘registro único’ de condenados e inhabilitados para proteger al Estado.
NO PRESCRIBIRÁN
De otro lado, Pérez Tello anunció que el Poder Ejecutivo presentará “un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Constitución, incorporando la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores públicos”.