Mientras se espera el debate en el Pleno del Congreso sobre el proyecto de ley que permitirá, por sexta vez, retirar hasta S/ 18,400 (4 UIT) de las AFP, la Defensoría del Pueblo advirtió que los constantes desembolsos de fondos desnaturalizan el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
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“Reconocemos la necesidad de remediar la grave crisis económica y social generada por la pandemia, que viene impidiendo a un amplio sector de la población satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, la ley promovida por el Congreso no cumple con identificar claramente a estos sectores y, por el contrario, atenta contra el derecho a la pensión de millones de personas”, señaló la Defensoría en un comunicado.
Agregó que la autorización de un nuevo retiro de fondos previsionales por parte de personas que aún no cumplen con la edad de jubilación, “desnaturaliza el sistema de seguridad social”.
Recordó que, según estimaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a diversos proyectos de ley, de alrededor de 8.2 millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, el 28.5%; es decir, unos 2.33 millones, ya no cuentan con saldos de ahorros previsionales.
Y que, de acuerdo acuerdo a las proyecciones realizadas de dicha institución, el nuevo retiro autorizado podría implicar que los afiliados sin saldos de ahorros previsionales alcancen los 6.5 millones, es decir el 79% de las personas activas del sistema.
“Es necesario señalar que el retiro de los fondos tendrá un impacto social que perjudicará a todos los miembros del sistema privado de pensiones, quienes se verán afectados por un menor desempeño del sistema y que además aumentará considerablemente el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS) y eventualmente del Seguro Social de Salud (EsSalud)”, mencionó.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo consideró que en periodos de crisis, el Estado debe identificar con mayor claridad a las personas o sectores de la población que requieren una intervención excepcional para subsistir o evitar caer en la pobreza.
Además, diseñar mecanismos adecuadamente dimensionados que no vulneren las garantías constitucionales como la seguridad social, así como las obligaciones del marco internacional de los derechos humanos que el Estado peruano ha asumido en esta materia.
“El Congreso no debe insistir en la aprobación del dictamen del proyecto de ley que autoriza un sexto retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones. Más aún, si no está aprobado que dichos retiros beneficiarán a personas que realmente afrontan necesidades de ineludible cobertura. Concurrentemente, el proyecto de ley vulnera el derecho fundamental a la seguridad social que el Estado peruano se ha comprometido a garantizar y, por tanto, resulta manifiestamente inconstitucional”, refirió.
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