¡Tremendo aumento! La presidenta Dina Boluarte verá incrementado su sueldo de manera histórica. El Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que fija su nueva remuneración mensual en S/ 35 568, más del doble de lo que venía ganando (S/ 16 000). El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien defendió la medida afirmando que “el salario estaba congelado desde hace nueve años”.
Según explicó el titular del MEF, este ajuste se basa en una metodología que compara sueldos presidenciales en América Latina, además de considerar los ingresos actuales de ministros y altos funcionarios del Ejecutivo. “Se ha hecho un promedio ponderado en dólares, corregido por paridad de poder adquisitivo”, señaló en conferencia de prensa.
El informe técnico que sustenta este incremento fue declarado “confidencial” por la PCM, lo que generó críticas de especialistas y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). No obstante, la Autoridad Nacional de Transparencia opinó que esa calificación es inválida.
De acuerdo al Ejecutivo, la medida se enmarca en la Ley Servir y la Ley de Presupuesto General de la República, aprobada en noviembre del 2024. Además, el Ministerio de Economía aclaró que no se otorgarán bonos ni asignaciones adicionales y que este nuevo sueldo no tiene carácter retroactivo.
El MEF argumenta que el puesto de presidenta debe tener el mayor sueldo dentro del aparato estatal, pues así lo requiere su nivel de responsabilidad y liderazgo. Además, ya existen altos funcionarios que ganan más de S/ 35 mil, como magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
“El cargo presidencial debe reflejar la jerarquía del Estado”, señaló Pérez Reyes. También se precisó que el sueldo de Boluarte era el segundo más bajo en Sudamérica, solo por encima del de Bolivia.
El anuncio del aumento llega en un contexto complicado para el Ejecutivo. Boluarte enfrenta investigaciones fiscales, protestas regionales en Arequipa y Puno, y un bajo nivel de aprobación ciudadana. Por ello, el incremento podría generar nuevas críticas desde la oposición y sectores sociales.
Hasta el momento, ni la presidenta ni la PCM han emitido declaraciones adicionales. El gobierno insiste en que se trata de una decisión técnica y legal.
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