La bancada parlamentaria de Renovación Popular, partido que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió al gobierno de Dina Boluarte que inicie el proceso para que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la justicia peruana no puede depender de un fuero internacional y que esto permitiría implementar medidas como la pena de muerte.
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Este comunicado llega justo cuando el primer ministro, Alberto Otárola, advirtió que Pedro Castillo planea recurrir a la CIDH para lograr su libertad. Uno de los abogados del expresidente, Eugenio Zaffaroni, fue precisamente juez de la Corte Interamericana.
En un oficio firmado por el vocero Jorge Montoya, el grupo de congresistas pide que el Ejecutivo inicie “con urgencia” el procedimiento para denunciar ante la Convención Americana este hecho y así poder retirarse de la Corte IDH.
“El concepto de soberanía nacional no puede estar sometido al arbitrio de una entidad extranjera, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros son inmunes y no están sujetos a cualquier tipo de fiscalización”, señala el comunicado de Renovación Nacional.
Estos miembros, además, “son designados mediante oscuros procedimientos por las ONG de la izquierda”, agrega.
“Le corresponde al Congreso de la República apoyar las iniciativas de reforma y modernización de nuestro sistema de justicia, en cuyas instituciones radica el sustento de la autonomía e independencia jurisdiccional del Estado Peruano, respecto de cortes supranacionales que no favorecen el desarrollo y la prosperidad de los pueblos”, añade el documento.
Renovación Popular señala que la justicia peruana, con sus defectos, es capaz de actuar con autonomía jurisdiccional para solucionar conflictos en el territorio peruano porque la corte mencionada ha demostrado, desde que Perú se adhirió a su jurisdicción, “parcialidad y desconexión” con el terrorismo.
Los congresistas de RP también aseguran que la desvinculación de la Corte IDH permitiría implementar cambios en el código penal como la pena de muerte en casos de delitos graves como sicariato, violación de menores y terrorismo.
Finalmente, los parlamentarios destacaron como antecedente válido que durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, el 8 de julio de 1999 el Gobierno expresó su voluntad de retirarse de la Corte IDH pero que esto no se concretó por “falta de conocimiento, destreza y las presiones políticas internacionales”.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es capaz de lograr la “pacificación” del país ante la ola de protestas que han sacudido al país desde que asumió el cargo, debería presentar su renuncia.
“Si ella no es capaz de pacificar el país, debería renunciar, porque lo que está pasando en el Perú no pasa en ninguna parte del mundo”, sostuvo en entrevista con RPP.
Respecto a un tiempo estimado para lograr dicha “pacificación”, el líder de Renovación Popular indicó que poner plazos “sería muy soberbio”, pero que había escuchado que ese proceso tomaría dos meses.
“Yo he escuchado al responsable de pacificar, que es el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., que ha puesto un plazo de dos meses. Voy a esperar ese plazo para pronunciarme”, señaló.
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