La Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a evaluar si, efectivamente, su propuesta de prohibir que las motocicletas transiten con dos pasajeros contribuirá a reducir los elevados índices de delincuencia que se registran en Lima, Callao y otras ciudades. Asimismo, pidió que la iniciativa sea discutida en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
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A través de un comunicado, la entidad señaló que la propuesta del Ejecutivo debe basarse en información sobre la incidencia y las modalidades delictivas en las que se hace uso de esta clase de vehículos según las distintas regiones, provincias y distritos. De lo contrario, se afectaría indebidamente el derecho al libre tránsito y demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en las normas internacionales que regulan los derechos humanos.
De acuerdo al jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría, Carlos Fernández nada impide que las personas que cometen conductas ilícitas se trasladen en otros tipos de vehículos motorizados. “Se debe apostar más bien por el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control y sanción respecto a los requisitos y normas que deben cumplirse para el uso de dichas unidades, a través de un mejoramiento de las labores de la Policía Nacional y de las municipalidades provinciales”.
Por su parte, la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría, Lissette Vásquez, considera que la iniciativa contribuiría con la estigmatización de quienes se desplazan en estos vehículos, asociándolos con el crimen, cuando la realidad muestra que este tipo de vehículos son muy usados con fines de transporte particular y comercial en todo el país.
NO PROSPERÓ EN AÑOS PASADOS
La Defensoría recordó que en los años 2013 y 2017 se presentaron proyectos de ley similares que no prosperaron. En esa línea, informaron que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley similar en el Congreso de la República.
Por otro lado, instaron a al Ejecutivo a que este tipo de estrategias sean previamente discutidas en espacios multisectoriales como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
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