¡Ambientes desolados! Pocos vehículos de transporte público, policías y militares en cada cuadra, así como pocos civiles en la calle, fue el panorama que se ha presentado en todo Lima desde tempranas horas, durante el segundo día de estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).
Muchos limeños se han mostrado preocupados porque no han podido movilizarse hacia sus centros de trabajo, debido a que la presencia de transporte público es casi nula, aunque los corredores viales operan normalmente. También circula con normalidad el Metro de Lima y el Metropolitano.
Los pocos vehículos particulares que circulan son intervenidos por los agentes del orden, quienes están desplegados en la mayoría de avenidas y calles de la capital, e incluso en inmediaciones de algunos parques.
No solamente a los conductores y demás ocupantes de los vehículos se les pide sus documentos, sino también a los transeúntes. De esta forma, las restricciones se han vuelto mucho más drásticas en comparación al primer día de estado de emergencia.
El Ejecutivo declaró este domingo el Estado de Emergencia Nacional, el aislamiento social obligatorio y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
El presidente Martín Vizcarra indicó que las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
Asimismo, para la adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias; y retorno al lugar de residencia habitual.
Igualmente, para la asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; para las entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.
Además para la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible; y medios de comunicación y centrales de atención telefónica.