La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que el Gobierno peruano decidió no firmar un convenio vinculante con el laboratorio AstraZeneca, del Reino Unido, debido a que la información previa sobre los ensayos clínicos de su candidata a vacuna contra la COVID-19 era insuficiente.
El comunicado del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que la poca de información no permitió llegar a un acuerdo. Mazzetti precisó que el martes en la noche se reunió con el premier Walter Martos y el canciller Mario López para analizar la decisión de la comisión de trabajo multisectorial encargada de la adquisición de las vacunas contra el coronavirus, y todos coincidieron en que no se podía suscribir un acuerdo con la escasa información con la que se contaba.
“Nosotros podemos tener mucha preocupación por tener una vacuna (contra la COVID-19). Todos los países están dispuestos a correr cierto riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero tampoco podemos correr mucho riesgo”, enfatizó la titular de Salud, tras comentar que el laboratorio que desarrolla a vacuna con la Universidad de Oxford ya registraba dos casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido.
El Minsa también recordó que el último miércoles se conoció que un voluntario del ensayo de esta vacuna experimental falleció en Brasil, aunque no se ha informado si recibió el antídoto del coronavirus o un placebo.
Las vacunas no son obligatorias
Durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, la ministra de Salud aclaró que las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 no son obligatorias y que las personas tendrán la potestad de decidir –cuando llegue el momento– si se las aplican o no.
“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, aseguró la titular del sector, tras enfatizar que el Minsa no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la aplicación de la vacuna sea obligatoria.
Añadió que lo único que ha hecho el Ejecutivo es presentar un proyecto de ley para que el registro de las vacunas de emergencia sea condicionado, por un año, de tal manera que si se presentan evidencias que demuestren su poca efectividad o seguridad, se pueden retirar.
