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La Comisión de Constitución del Congreso se encuentra debatiendo un proyecto que plantea que no podrán postular a cargos de elección popular y ejercer la función pública quienes hayan sido condenado por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, homicidio en sus diversas modalidades, trata de personas, entre otros delitos, incluso hasta 20 años después de haber cumplido sus condenas.
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Actualmente, la ley establece que no pueden ejercer la función pública ni ser candidatos quienes tengan sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, “por la comisión de delito doloso”.
Sin embargo, la Comisión de Constitución ha propuesto que se especifiquen esos delitos y se agregue a condenados con pena privativa efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de “los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, homicidio en sus diversas modalidades, trata de personas, secuestro; el impedimento resulta aplicable hasta 20 años después de haber sido rehabilitadas”.
Una de las modificaciones sustanciales es que estas personas, además, no podrán ser candidatos ni funcionarios públicos hasta 20 años después de haber sido rehabilitadas.
¿QUIÉN ESTARÍAN IMPEDIDOS DE POSTULAR?
De aprobarse estas modificaciones, hay varios políticos que se verían impedidos de postular. Entre los más conocidos se encuentran:
Antauro Humala: Fue condenado a 19 años de prisión por los hechos ocurridos en el ‘andahuaylazo’, por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. Sin embargo, el 20 de agosto del año pasado fue excarcelado, al acogerse al beneficio penitenciario de reducción de pena por días de estudio y trabajo. Con la nueva modificación, igual tendría que esperar hasta 2042 para ser candidato a algún cargo.
Además, el pasado 26 de enero, la procuraduría antiterrorismo denunció penalmente a Humala por el presunto delito de apología al terrorismo.
Vladimir Cerrón: El exgobernador regional de Junín y fundador de Perú Libre fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, en agosto del 2019, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, en el caso de saneamiento de La Oroya. En octubre del 2019, Cerrón fue excarcelado luego de que el Poder Judicial variara su condena de prisión efectiva a suspendida. Además, la sentencia de cuatro años y ocho meses que cumplía en el penal de Huamancaca (Huancayo) fue reformulada a 3 años y 9 meses.
El 7 de febrero de este año, se le condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión desleal, en el caso del Gran Aeródromo Regional Wanka.
Gregorio Santos: El exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos fue condenado, en enero del 2022, a 19 años de prisión por irregularidades cometidas cuando ejerció el cargo. Se le impuso esta sentencia por la comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos.
De acuerdo con el Poder Judicial, Santos negoció y obtuvo el pago de S/ 5′285.800,52, equivalente al 7,5% del costo total de las obras de rehabilitación de carreteras que el Gobierno Regional de Cajamarca contrató en el 2011.
Edwin Donayre: En mayo del 2019, la Sala Suprema Penal ratificó la sentencia de cinco años de prisión efectiva en contra del excongresista de Alianza para el Progreso por el caso ‘Gasolinazo’. La sala ratificó el extremo de la condena por el delito de peculado por apropiación.
El exlegislador fue sentenciado por el robo de combustible al estar a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano entre enero y agosto de 2006. Tras mantenerse prófugo durante casi seis meses, en octubre de 2019 fue capturado en Puente Piedra y está internado en el penal Miguel Castro Castro.
Félix Moreno: El exgobernador regional del Callao Félix Moreno fue sentenciado, en enero del 2019, a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión. Esto debido a la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.
En marzo del 2020, Moreno fue también sentenciado por el delito de malversación de fondos. Se había determinado que, tanto Moreno como Miguel Ángel Asencios Vega, exjefe de la Oficina de Gestión Patrimonial, malversaron más de S/17 millones. El monto tenía que ser destinado al Proyecto Especial Ciudad Pachacútec (PECP) de Ventanilla.
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Además, el 22 de febrero del 2019, la Corte Superior en el Callao lo condenó a cinco años de prisión por el delito de colusión en la construcción inconclusa de la nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) en el 2009.
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