La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rotundo rechazo contra la medida anunciada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, respecto al retiro y cierre de cuatro mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, así como también el aviso de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.
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“En general como sector privado acá se está violando el estado de derecho y se está haciendo un atropello contra las empresas y sus operaciones. La primera ministra ha pasado por encima de este estado de derecho atribuyéndose poderes que no tiene por ley, y ha asumido funciones que tampoco le corresponde. Como mencionaron los representantes de las empresas no han sido notificados , estos temas no han sido cuestionados formalmente. Por eso, le pedimos al gobierno del presidente Pedro Castillo, que esta situación se rectifique formalmente”, remarcó Óscar Caipo, presidente del gremio empresarial, hoy en conferencia de prensa.
La Confiep alertó sobre que esta medida arbitraria de cierre de minas ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.
Caipo reiteró que los mensajes erráticos y contradictorios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho. “En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.
Además, insistió que “la primera ministra está pasando por encima del estado de derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”.
Al finalizar su intervención, Caipo expresó su rotundo rechazo a que desde el Estado se siga justificando y normalizando la violencia como medida de presión social. En conjunto todos los gremios, instituciones y empresas mineras presentes hicieron un llamado a la primera ministra para que rectifique formalmente los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora, los mismos que contradicen los mensajes brindados por el señor presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.
Durante su intervención, la SNMPE explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de 12.500 millones de soles en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”. Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida ilegal, 54.000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo.
Además, el gremio minero enfatizó que “en el acta firmada, la premier acuerda negociar el cierre unilateral de las 4 unidades mineras y luego a través de mensajes en sus redes sociales pretende minimizar lo firmado”.
También explicaron que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.
En el momento de su intervención, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancata afectadas por el anuncio) rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. No tenemos planes de cesar nuestras operaciones y, por el contrario, tenemos la expectativa de continuar trabajando, generando dinamismo económico y empleo en el país”, añadió.
En este sentido, explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar. Se va actualizando en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente”.
Además, expreso que cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo nuestras actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados. Nuestra actividad es altamente regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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