El Poder Judicial informó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso de la República tendrán un plazo de 5 días hábiles para responder por la medida judicial que admitió a trámite la demanda de acción de amparo que presentó el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, a fin de que los gobiernos regionales, locales y el sector privado puedan comprar las vacunas contra el coronavirus (COVID-19).
De esta forma, a través de sus redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJLE) indica que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, a cargo del juez Nilton López Campos, realizó la notificación correspondiente de la decisión a los procuradores de la PCM, Minsa y Legislativo.
Esta mañana, respecto a este tema, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que hasta esa hora no habían sido notificados sobre esta decisión judicial, y que tuvieron conocimiento de esta a través de los medios de comunicación. En ese sentido, recordó que las vacunas son un bien escaso en el mundo y los laboratorios que las producen están, actualmente, negociando básicamente con los estados.
“Creo que la realidad supera cualquier iniciativa de corte en este caso, judicial o cualquier iniciativa que pueda tener una buena aspiración, una buena intención, pero no existe todavía, en este momento, el suficiente número de vacunas para abastecer al mercado internacional”, remarcó la jefa del Gabinete para TVPerú.
“Creo que es muy importante aquí tener presente lo que ya ha informado nuestro presidente, y otros especialistas. Si tenemos la oportunidad de leer las noticias internacionales, sabemos que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No hay vacunas en abundancia, entonces los laboratorios que elaboran este importante escudo contra el COVID-19 están negociando básicamente con los estados”, agregó.
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de acción de amparo que presentó el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso de la República. La medida tiene como objetivo que los gobiernos regionales, locales y el sector privado puedan comprar las vacunas contra el coronavirus, debido a que en la actualidad, solo el Gobierno tiene esta facultad.
La demanda fue admitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, a cargo del juez Nilton López Campos, y la resolución en la que se acoge el pedido de Paz de la Barra fue emitida el último martes 9 de marzo.
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