Los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y sus familiares, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostolaza, podrían pasar 28 años de su vida en la cárcel, pues es la pena que ha pedido contra ellos La Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos. En su denuncia, el fiscal superior especializado en lavado de activos, Frank Almanza, califica este caso de ‘narcopolítica’, debido a la influencia del tráfico de drogas en la política.
Incluso se señala que tanto Fortunato como Santos Manuel Sánchez Paredes han tenido la condición de altas autoridades municipales de Mollebamba, en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad y en el caso de Belisario Esteves la condición de exministro. Lo cual involucra en su forma pura, el tráfico de drogas y corrupción política, y así también, el lavado de activos a través del análisis de figuras como “personas expuestas políticamente”, y “lavado de activos en financiamiento político”.
A la vez, el fiscal Frank Almanza, tomó en cuenta en su pronunciamiento, el pedido de disolución y decomiso de las siete personas jurídicas que han sido incorporadas al proceso penal, teniendo en cuenta no sólo sus vínculos con los cinco acusados, sino además la utilización de su estructura para la comisión de las operaciones de lavado de activos desde su constitución como tales.
Asimismo, se ha utilizado la prueba indiciaria como la construcción a través del incremento inusual del patrimonio, la dinámica económica, ilicitud de negocios, falta de explicación razonable y vinculación delictiva. Constituyéndose en la columna vertebral de la metodología de la teoría del caso que el Ministerio Público llevará a juicio oral.
Para todos los acusados, la Fiscalía ha solicitado la suma de cien millones de soles como concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano.